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Opinión

¿QUÉ UNIVERSIDAD? POR VICTOR OROZCO O.

Por: Víctor Orozco

Las universidades públicas están entre las instituciones básicas de las sociedades modernas. No obstante su ocasional desplazamiento por las entidades educativas privadas, siguen siendo el principal instrumento para la formación de nuevos profesionales en todas las áreas del conocimiento. Y también, la fuente mas variada y productiva de nuevos saberes, tanto en las humanidades como en las ciencias duras.
La crítica de mayor calado que han recibido es el uso político que de ellas han hecho gobiernos y partidos. En mi larga experiencia de trabajo en varias de éstas entidades, he visto como han naufragado nobles proyectos de grandes aspiraciones, por la acción concertada de grupos que han desvirtuado el quehacer universitario. Los he conocido tanto de las izquierdas como de las derechas, quienes han colocado las tareas universitarias por abajo de sus intereses y ambiciones.
Me ha tocado estar muy cerca de la formación de centros de estudio, nuevas facultades, legislaciones universitarias, en la UACJ, la UACH, la UNAM, la de Puebla, de Guerrero, de Chapingo. En este oficio como maestro, investigador y de manera reciente como defensor de los derechos universitarios, he comprendido muchas cosas. Presento algunas de ellas a manera de resumen sobre el horizonte que según mis perspectivas, debe marcar la marcha de la Universidad, en términos genéricos y en específico de las dos existentes en el estado de Chihuahua. De la UACH soy egresado y en ella viví jornadas memorables como estudiante y muy joven profesor. En la UACJ he vivido la mayor parte de mi vida profesional. Es en ella donde he podido desplegar lo mejor de mi inteligencia, ya en la investigación o en la docencia. Estas son mis ideas motrices:

Necesitamos una Universidad comprometida con los intereses generales de la sociedad. Es simple decirlo y es indispensable nunca olvidarlo: se hace ciencia, se conservan, acumulan y usan saberes para beneficiar a la humanidad. Las universidades no son aparatos que están allí para reproducir y eternizar burocracias políticas o académicas. Están para mejorar las condiciones de vida.
De ellas deben egresar hombres y mujeres con un alto sentido de responsabilidad ética y social. Sobre todo, conscientes de sus deberes con la inmensa mayoría de los mexicanos, agobiados por la miseria y la falta de oportunidades. Este deber les exige compromiso social, adhesión a las grandes causas como la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la defensa de la democracia y de los recursos naturales. La universidad ha de dotar a sus estudiantes de la capacidad para escalar en la carrera del conocimiento, con aptitudes para plantear y resolver problemas, dotados de ingenio e inventiva. Escaso beneficio tiene la colectividad con el egreso de profesionales repetidores, acríticos, despojados de afanes transformadores, en cualquiera de las áreas científicas o tecnológicas y en la sociedad misma.
Una Universidad con imaginación, productora constante de ideas y generadora de nuevos conocimientos, en la cual se destierren la simulación y las carreras de artificio. Éstas han proliferado en todos los centros de estudio por la difusión de la práctica viciosa consistente en trabajar para conseguir reconocimientos, papeles, sellos diversos y no para saber más y servir mejor.
Necesitamos una Universidad de espíritu y prácticas fincados en la pluralidad, sin dejar campo alguno en los cuales ésta se expresa: políticos, ideológicos, religiosos, étnicos, de preferencia sexual, de género. Por tanto, ajena a las maquinaciones facciosas de grupos, partidos o confesiones.
Necesitamos una Universidad Democrática. Esto implica:
Defender la autonomía, entendida ésta como una institución garante de la independencia institucional para decidir sobre el manejo de recursos, diseñar planes y programas de estudio, fijación de objetivos, nombramiento de autoridades. La autonomía universitaria no significa confrontación de la institución con las autoridades gubernamentales, sino cooperación y entendimiento. Pero, excluye la sumisión y el vasallaje, que han llevado a convertirla en apéndice vergonzante del presidente o gobernador en turno, haciendo renuncia a su papel de centro de pensamiento libre.
Garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los universitarios para elegir libremente a sus órganos de gobierno.
Mantener un sistema de información eficiente, rápido, sin cortapisas y simulaciones en el manejo de los recursos públicos que la sociedad confía a la institución.
Respetar irrestrictamente las libertades de cátedra e investigación. El peligro mayor que afecta a estos dos distintivos sustanciales de la Universidad, es el poder de facto o de iure que tienen las autoridades para expulsar a quienes no les son adictos. Esta es la razón principal por la cual deben amparar en su legislación interna y en sus prácticas, el derecho al debido proceso legal que tienen todos sus integrantes ante cualquier afectación en su situación laboral o académica.
Preservar, los derechos laborales, colectivos e individuales, de sus trabajadores establecidos en las leyes.
Evitar prácticas favorecedoras de grupos partidarios o de otra índole. Asimismo aquellas que entronizan especies de cacicazgos o feudos personales.
Garantizar que el ingreso y permanencia de sus profesores e investigadores, descanse en el mérito de las personas y no en compadrazgos o complicidades. Una de las fortalezas de mayor relevancia que pueden mostrar las instituciones de educación superior, es la posesión de una planta académica sólidamente formada, responsable, con amor a su oficio y lealtad con el mismo. Estas cualidades se pierden o deterioran cuando se admite o se excluye con criterios diversos a la capacidad y competencia de las personas.
De igual manera, salvaguardar como única medida de evaluación de sus estudiantes el mérito de cada uno de ellos. Lo mismo para decidir sobre admisiones, otorgamiento de becas o cualquier otro estatus o prerrogativa. Debe protegerse, mediante recursos rápidos y eficaces, el derecho que tienen los estudiantes para elevar inconformidades con evaluaciones de los profesores.
Esta condensación de ideas, aspira a servir como material para el debate en una coyuntura de cambio que se ofrece a las universidades chihuahuenses. De este desafío, debemos sacar una mejor Universidad.

Opinión

El nuevo pacto de EU y México: ¿Socios a la fuerza? Por Caleb Ordóñez T.

En política internacional pocas cosas pesan tanto como la relación entre México y Estados Unidos. A lo largo de la historia, cada acuerdo ha sido un espejo de los tiempos: desde la Iniciativa Mérida, que en su momento fue vista como una extensión del poder estadounidense, hasta los choques por migración y aranceles bajo la era Trump. Hoy, sin embargo, con la firma del nuevo acuerdo de seguridad, el tablero se mueve hacia un horizonte inesperado: cooperación con respeto a la soberanía.

Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordoñez T.

Este pacto, anunciado con bombo y platillo en ambos países, establece que México y Estados Unidos trabajarán juntos en temas de seguridad a través de intercambio de información, capacitación mutua y operaciones espejo en la frontera. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando haya reportes de tráfico de armas en un lado, el otro responderá de inmediato. Que agentes mexicanos podrán formarse en EE.UU., y al mismo tiempo oficiales norteamericanos aprenderán protocolos como el Plan DN-III y el Plan Marina. Todo bajo una regla de oro: no habrá tropas extranjeras operando en México.

Los números hablan. El acuerdo no surge de la nada, sino como resultado de una cooperación que ya está mostrando cifras llamativas. En apenas ocho meses, los encuentros migratorios en la frontera norte se han reducido hasta en un 93 %. La extradición de 55 líderes criminales ha sido interpretada como una señal clara de voluntad mexicana para enfrentar al crimen organizado. Y mientras el fentanilo sigue siendo el gran enemigo común, se presume una caída del 50 % en decomisos, lo que sugiere mayor control en la cadena de producción y tráfico. Además, en México los crímenes de alto impacto han bajado un 32 %, lo que fortalece el argumento de que la estrategia está funcionando.

Estos datos son un arma política en sí misma. Para el gobierno mexicano representan legitimidad frente a las críticas internas que cuestionan su capacidad de enfrentar a los cárteles. Para Washington son municiones de campaña, pues muestran resultados tangibles en el tema que más preocupa al electorado estadounidense: la frontera.

La narrativa de Rubio y la sombra de Trump

En medio de este escenario llegó Marco Rubio, ahora secretario de Estado estadounidense, con un discurso de cooperación que contrasta —aunque no del todo— con el tono beligerante de Donald Trump. Rubio declaró que “no hay ningún gobierno que coopere más que México”, una frase que sirve tanto de halago como de advertencia: cualquier retroceso podría ser leído como traición.

Trump, por su parte, ha insistido en narrativas duras: catalogar a los cárteles como terroristas, justificar ataques unilaterales en terceros países y hablar de militarización de la frontera como si se tratara de la única salida. Esa línea de pensamiento, aunque radical, aún resuena en sectores del electorado y mantiene la tensión latente.

La visita de Rubio buscó, entre otras cosas, suavizar esa retórica. Presentó la relación bilateral como una asociación estratégica, más que como un pleito de poder. Sin embargo, el fantasma de Trump ronda inevitablemente: cualquier incidente grave podría reavivar la tentación intervencionista de Washington.

Una nueva relación: socios, no subordinados. El punto central de este acuerdo, y lo que lo diferencia de otros intentos fallidos, es que México logró blindar su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al subrayar que no habrá operaciones militares extranjeras en territorio nacional. Esta es una línea roja que busca calmar las aguas internas —donde la narrativa de injerencia suele encender pasiones— y al mismo tiempo establece un marco de confianza con EE.UU.

Lo que veremos de ahora en adelante es una relación menos vertical. México ya no aparece como el socio débil que simplemente acepta instrucciones; se sienta en la mesa como aliado que pone condiciones. Estados Unidos, urgido por la crisis del fentanilo y la presión migratoria, parece haber aceptado este esquema.

A mediano plazo, este modelo puede abrir la puerta a algo más grande: cooperación en inteligencia financiera, tecnología de vigilancia y hasta campañas binacionales de salud pública contra las drogas. Si funciona, se convertirá en una especie de “Plan de Seguridad del Siglo XXI”, una evolución natural tras el desgaste de la Iniciativa Mérida.

El gran desafío será sostener la confianza. Las operaciones espejo, las capacitaciones cruzadas y el intercambio de información requieren un nivel de transparencia inédito entre ambos países. Bastará una filtración, un operativo mal coordinado o una narrativa electoral incendiaria para poner todo en riesgo.

Hoy, México y Estados Unidos parecen haber encontrado un punto medio entre la obsesión de Washington por la seguridad y la insistencia mexicana en la soberanía. Si logran mantener ese equilibrio, este acuerdo podría ser recordado como el inicio de una nueva era bilateral: una donde, por fin, se actúa como socios y no como vecinos desconfiados.

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