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México

Concentración de gas LP deja ganancias anormales

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Una concentración en los distribuidores de gas LP en el país generó que tanto competidores privados como Pemex no compartieran con sus clientes los derivados de la baja internacional del combustible, lo que derivó en ganancias anormales.
La concentración de distribuidores de gas LP en México llevó a los competidores privados y a Pemex a no compartir con los consumidores los ahorros derivados de la baja internacional en el precio del combustible usado en ocho de cada 10 hogares, concluyó un análisis preliminar de la Comisión federal de Competencia Económica (Cofece) al que tuvo acceso El Financiero.
La autoridad encontró que hay regiones enteras en el país donde un sólo jugador tiene hasta el 90 por ciento de las ventas. En Colima, por ejemplo, una empresa tiene 85 por ciento de participación en las ventas totales; en Baja California Sur otra firma tiene 67 por ciento, y en Campeche una compañía más concentra el 90 por ciento.
Por su parte el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDAC) hizo un análisis en el que muestra que en 83 por ciento de los municipios de este país solamente hay entre tres y cuatro distribuidores.
Alejandra Palacios, presidenta comisionada de la Cofece, explicó que los precios internacionales bajaron hasta 34 por ciento en enero de este año, lo que modificó las estructuras de costos de Pemex e hizo del subsidio un beneficio extraordinario para la estatal.
“Durante muchos años, la diferencia entre el precio de Venta de Primera Mano y el precio de referencia internacional se tradujo en un subsidio generalizado al gas L.P que era absorbido por Pemex. A partir de enero 2015 los precios de referencia internacional comenzaron a bajar, en consecuencia, el subsidio se transformó en un beneficio extraordinario para Pemex y más recientemente para las empresas privadas”, refirió a El Financiero en una entrevista por escrito.
Esto permitió que las empresas privadas tuvieran márgenes de hasta 85 por ciento al comprar el combustible en el mercado internacional en 6 mil 695 pesos por tonelada y revenderlo en México en el precio máximo de 12 mil 830 pesos por tonelada, de acuerdo con gráficas del reporte de la Cofece.
Lo anterior es posible porque no hay suficientes empresas para presionar el precio de venta a la baja, puntualizó Palacios. “Los privados han estado maximizando sus márgenes de ganancia no otorgando descuentos con respecto al precio máximo permitido por la Secretaría de Economía, ya que no tienen presión competitiva en sus regiones”, indicó.
La estructura de mercado anterior no significa necesariamente que se haya caído en alguna práctica anticompetitiva.
“La Ley Federal de Competencia Económica no considera como práctica anticompetitiva tener niveles de participación altos en el mercado, tampoco el ‘cobrar precios altos’ o ‘tener amplios márgenes de ganancia’”, puntualizó.
El Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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