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Duarte se declara listo para aclarar señalamientos en su contra

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César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, aclaró estar dispuesto a cooperar en todas las investigaciones necesarias, para mostrar a la ciudadanía del estado y el país que su administración, la cual finalizará el mes próximo, está ‘limpia para que haya justicia requiere haber estado de derecho, y yo estoy en la mejor disposición’.

Así lo aseguró en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, además de asegurar que Chihuahua ‘no tiene señalamientos de ningún tipo, ni rezagos; destacó que bajo su administración, disminuyeron los índices de violencia y corrupción, ‘y me gustaría que los resultados se compararan con la de los otros estados’.

En Chihuahua hay crecimiento económico; no hay jóvenes rechazados en el bachillerato; no entrego al estado en quiebra; tenemos una sobre oferta laboral; y hablando del déficit, el estado ha sabido sortear la situación”.

Asegura que la deuda del estado, que asciende a 23 mil 800 mdp, ‘es muy manejable’; acotó que los 17 asuntos de ilegalidad levantados en su contra, son resultado de una campaña política por parte del gobernador electo del estado, Javier Corral Jurado. Puntualizó que todas lo infundios:

Son resultado de un estado de linchamiento político; no tengo ningún miedo, mi lugar de residencia seguirá siendo Chihuahua, en mi casa de El Parral y, afortunadamente, mi familia y yo hemos tenido mucho trabajo desde hace años y contamos con la capacidad de avalar nuestras propiedades a través de las declaraciones de impuestos, como todo funcionario lo hace anualmente.

Por último, agregó que nadie más que él, es la persona más interesada en aclarar todas las demandas en su contra; entiende el sentimiento de los chihuahuenses, pero todo quedará claro y sin ninguna duda.

 

 

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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