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PGR accederá a datos de INE para identificar a desparecidos

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Con el fin de identificar a personas extraviadas o desaparecidas, la PGR, Tribunales Superiores de Justicia, las Procuradurías y Fiscalías, así como los Institutos de Medicina Forense de todo el país, podrán acceder a la base de datos multibiométrica del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo establece el acuerdo firmado este martes por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Edgar Elías Azar.

Al respecto, Córdova Vianello afirmó que de los 83.5 millones de registros incluidos en el padrón electoral al 31 de agosto, 59.86 por ciento representa los datos de más de 50 millones de personas que cuentan con 10 huellas dactilares por cada registro, lo que representa una base de datos de más de 500 millones de huellas.

La base de datos multibiométrica de la autoridad electoral a nivel nacional constituye la fuente de información más segura y confiable que existe en nuestro país para identificar a los mexicanos de 18 años y más, de ahí la importancia de este convenio”, resaltó.

En las instalaciones de la PGR, agregó que “se trata además que esa base de datos pueda tener un valor adicional al electoral y facilite a las instituciones responsables de la impartición y administración de justicia la pronta identificación de las personas que han sido encontradas en el cumplimiento de sus atribuciones”.

En ese sentido, el consejero presidente garantizó la confidencialidad de la información en posesión del INE, la cual está mandatada por la Constitución, en la que se establece contar con un canal institucional y mecanismos claramente definidos.

Esto para que las huellas dactilares de las personas conceptualizadas como desconocidas o desaparecidas puedan ser identificadas en la base de datos del padrón electoral.

En su oportunidad, la titular de la PGR, Arely Gómez González, detalló que este convenio permitirá compartir la información contenida en las bases de datos del INE, tanto de identificación biométrica, como de huellas dactilares, lo que incrementa de forma notable la posibilidad de identificar con certeza a las personas no localizadas.

La firma de este convenio constituye un acto fundamental y urgente, en la consecución de una actuación pública que no sólo busca cumplir una función legal, sino que lo hace con estricto apego a las obligaciones y deberes, es decir, con absoluto apego a los derechos humanos”, apuntó.

La funcionaria indicó que es obligación de la autoridad brindar el mayor apoyo posible a toda personas que se encuentre en la dolorosa situación de estar buscando a un familiar; es por ellas que se está creando un mecanismo de colaboración institucional de gran calado.

Por su parte, Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, aseveró que los hechos violentos han tenido como consecuencia la desaparición de personas, por lo que se requieren acciones estratégicas para combatir este problema.

Destacó que la actuación de las autoridades debe ser rápida y efectiva para salvaguardar la integridad de los individuos, detener la comisión del delito, prevenirlo y sancionarlo.

Fuente: Excelsior

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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