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Gobierno de Veracruz defraudó a sus propios trabajadores

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una investigación al gobierno de Veracruz en atención a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseveró Aristóteles Núñez, titular de la dependencia.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Despierta, afirmó que la ASF pidió al SAT que ejerciera sus funciones en 2012, 2013, cuando hubo retenciones por 2,239 millones de pesos no reportadas; y en 2014, cuando las retenciones no reportadas ascendieron a 2,379 millones de pesos. Y esas cifra, indicó, corresponden a una sola dependencia.

Es decir, abundó, el titular del SAT, el gobierno no entregó lo que sí cobró. Por ejemplo, dijo, la Universidad de Veracruz tiene adeudos aunque sí se hicieron las retenciones y enterar los recursos al gobierno federal es responsabilidad del gobierno veracruzano.

Además de las investigaciones derivadas de las recomendaciones de la ASF, el SAT abrió una investigación, debido a una denuncia pública hecha en mayo, por algunas empresas que se presume, dijo, son fachada.

Aristóteles Núñez indicó que han detectado a 33 empresas y una persona física implicadas en movimientos sospechosos en Veracruz. De esos 34, sólo tres están localizados, 31 no han sido localizados. Abundó que está el domicilio, pero no hay empresas, ni cosas almacenadas, ni posibilidad de que produzcan algún bien que entreguen a las dependencias con las que hicieron contratos.

Destacó que buscarán a los socios, a los responsables de darles las encomiendas y a los notarios que dieron fe de las actas constitutivas, además de detectar a los encargados de darles contratos en once dependencias del gobierno de Veracruz, porque las empresas visitadas definitivamente no tienen capacidad de producción o de venta.

Subrayó que se encuentran en etapa de presunción y hay formalidades legales que se deben cuidar y si detectaran elementos que pudieran presumirse como delitos fiscales, procederán a denunciar ante la PGR.

Por lo pronto, hay 32 querellas ante la PGR por la entrega de 3,300 mdp de los que no hay evidencia material de que hayan satisfecho la entrega de productos ni el pago de impuestos.

Núñez fue insistente en que el SAT está en proceso de revisión, para ver cuáles son las consecuencias. Primero, dijo, es necesario detectar qué sucedió con la formación de estas empresas fachada, quién convocó a los implicados, a dónde se fueron los recursos.

En el caso del gobernador Javier Duarte, apuntó, la investigación debe ser muy cuidadosa para tener claro hasta dónde está legalmente implicado.

En cuanto a la declaración personal de impuestos, dijo que Duarte cuenta con 12 meses para responder sobre sus propias finanzas, por lo que está en tiempo.

De los cinco gobernadores investigados por el SAT, aclaró Núñez, dos concluyeron su auditoría y están en proceso de contestar y dos más ya concluyeron en tiempo y forma. Se trata, dijo, de ex gobernadores y gobernadores en funciones, no hay futuros gobernadores, pero se negó a dar nombres, porque la ley lo prohíbe.

En el caso de Guillermo Padrés Elías, dijo que en Sonora se otorgaron perdones fiscales a personas cercanas al gobernador. El SAT ya entregó elementos a la PGR y no sólo fue un funcionario, además, se dio la facilidad de que pagaran el IVA en parcialidades, realizaron procesos incompletos de auditorías a empresas vinculadas con la administración pasada, lo que pudo generar daño al erario.

En materia de recaudación, afirmó, este año se superó la meta planeada de 2.4 billones de pesos, pues el año terminará por arriba de 2.6 billones, es decir 9% más en términos reales.

Y para el paquete presupuestal, dijo, se prepara un incentivo fiscal para apoyar a todos los contribuyentes.
NT

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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