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Opinión

EL PRECIO DE LA HOMOFOBIA

Por: Enrique Corte

El enfrentamiento entre los sectores más conservadores de la sociedad y la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT) ha dejado notables consecuencias. Por un lado, la Iglesia Católica pierde fieles y credibilidad a pasos agigantados, en parte por su resistencia a renovarse y aceptar a sectores históricamente marginados pero con creciente reconocimiento social, y en parte por los escándalos de pederastia, corrupción y excesos del alto clero.

En contraparte, los mexicanos sexualmente diversos mantienen un avance sostenido en la lucha por sus derechos, pero aún enfrentan niveles de intolerancia, discriminación y violencia alarmantes; México es el segundo país con más crímenes hacia esta minoría.

Homosexuales ganan reconocimiento, religiones lo pierden

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en México el 84 por ciento de la población es católica, y según el Vaticano serían casi el 92 por ciento. No obstante, investigadores como el antropólogo Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, ponen en duda estas cifras y afirman que esta religión está perdiendo fieles aceleradamente en nuestro país. Incluso datos del mismo clero revelan que sólo el 52 por ciento de las parejas que se casaron, lo hicieron por la iglesia, y que únicamente el 43 por ciento de quienes se dicen católicos cumplieron con el sacramento de la confirmación.

En contraparte, la comunidad LGBT representa al 3.6 por ciento de la población, según la Encuesta de Valores de la Juventud que realizó el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, aunque también hay poca certidumbre en estos datos pues muchas personas con preferencias diversas temen expresarlas por temor a la discriminación y al rechazo. El Inegi tiene registro de 230 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo en México.

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Existen estudios como el realizado por el sicólogo Alfred Kensey, que afirman que hasta el 10 por ciento de las personas han tenido al menos una interacción sexual con personas de su mismo sexo, aunque basado en estimaciones cuestionadas por su frágil sustento; y un estudio de Google señala que el 5 por ciento de los consumidores de porno prefieren ver escenas de sexo gay. Se estima que la población sexualmente diversa en México va de al menos 2.5 millones hasta 10 millones, si se toman en cuenta las experiencias aisladas.

Por donde se le mire, la población que se asume como católica es mucho más numerosa que la población que reconoce tener preferencias sexuales diversas. Sin embargo, la comunidad LGBT ha logrado importantes avances en un tiempo relativamente corto, tales como:

1.- Derecho al matrimonio civil.

2.- Reconocimiento jurídico y acceso a seguridad social para parejas casadas.

3.- La declaración del Día Nacional contra la Homofobia (17 de marzo).

4.- Creación de un marco jurídico contra la discriminación.

5.- Reconocimiento legal a la identidad de género (credencial de elector, registro civil).

6.- Protocolos específicos para perseguir los delitos contra la comunidad LGTB y protección a víctimas.

7.- Tratamiento gratuito contra el sida, así como asesoría y salud preventiva.

8.- Generación de contenidos informativos y ofertas culturales enfocadas a este sector.

9.- Desarrollo de productos y servicios con enfoque gay friendly en distintas esferas y espacios.

10.- Plataformas electorales incluyentes para la comunidad por parte de varios partidos políticos.

A pesar de todo esto, los sectores más conservadores de credos como el católico y el evangélico aún se resisten a aceptar que todas las personas gocen de los mismos derechos y sin importar su orientación sexual, y a pesar de demostraciones como la del fin de semana [10 de septiembre] en las que salieron a las calles entre 150 mil y 300 mil ciudadanos, según las variaciones entre las fuentes, la aceptación a la comunidad LGTB crece notablemente entre las personas religiosas.

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Católica 2014, el 50 por ciento de los fieles están de acuerdo con que la iglesia reconozca a las familias encabezadas por una pareja del mismo sexo, principalmente los jóvenes, quienes aprueban este tipo de sacramentos en un 70 por ciento, en clara oposición a los sectores mayores de 60 años, entre quienes el 80 por ciento está en contra. Más allá del reconocimiento oficial del clero, el 59 por ciento está a favor del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo mientras el 41 está en contra. En el caso de la adopción por parte de parejas LGBT, sólo el 42 por ciento está a favor y el 58 por ciento está en contra.

Cuando el odio mata

Pero aunque la discriminación pierde terreno, aún alcanza niveles alarmantes si consideramos que entre 1995 y 2015 más de mil 310 mexicanos fueron asesinados en crímenes de odio homofóbico en 29 estados del país, aunque se estima que la cifra es mucho mayor pues por cada caso reportado entre tres y cuatro no se denuncian, de acuerdo con el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (Cccoh), lo cual nos ubica como el segundo lugar mundial en crímenes por homofobia.

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Las víctimas fueron principalmente integrantes de la comunidad trans, quienes padecieron el brutal ensañamiento por parte de sus asesinos, ya que la mayoría fueron asesinados con armas blancas, golpes o asfixia. En la mayoría de los casos sus crímenes quedaron impunes, e incluso estos datos son más cercanos a los países africanos y musulmanes que a las naciones desarrolladas.

A la hora de desenvolverse en su entorno social la comunidad LGBT tampoco la tiene fácil: siete de cada 10 personas con preferencias diversas se sienten discriminadas, y cuatro de cada diez mexicanos en general se negarían a compartir la misma casa con ellos. Además, uno de cada diez afirma haber sido despedido y uno de cada tres ha sido rechazado en un trabajo por sus preferencias sexuales, mientras que el 55 por ciento afirma ser “de clóset” al ocultar su condición por temor a represalias, según la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación.

Con base en estos datos podemos llegar a varias conclusiones:

1.- El movimiento a favor de la igualdad entre las personas aún tiene grandes desafíos, pero también muestra un avance sólido y al parecer irreversible.

2.- A pesar de la resistencia de los extremos más conservadores, la aceptación de la diversidad crece entre los sectores más moderados de la iglesia, principalmente entre los jóvenes.

3.- El clero católico enfrenta fuertes dificultades para retener a sus fieles, en parte por la resistencia a una renovación que es impulsada incluso por el papa Francisco y algunos sectores liberales de la iglesia.

En suma, la Iglesia Católica está pagando un precio cada vez más elevado por mantener posturas excluyentes y radicales, mientras otros credos más moderados e inclusivos ganan terreno entre la población mexicana.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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