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México

Se prenden focos rojos en cinco entidades

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Los focos rojos del país se concentran en cinco entidades federativas, cuyo crecimiento de la cartera vencida en los últimos seis años merma la dinámica de la actividad económica; además, se suma el escenario endeble del mercado laboral, la perspectiva Negativa de las calificadoras y, en algunos casos, una gestión cuestionable.

En este contexto de zozobra se encuentran Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Del cierre de junio del 2010 a igual lapso de este año Campeche es la entidad con la mayor tasa de crecimiento de la deuda, con una variación de 3,384.9%; los otros territorios presentaron aumentos superiores a 200%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), detalló que las entidades referidas vieron a la deuda como un mecanismo para aumentar su gasto e inversión pero en algunos casos no les ha dado muy buenos resultados.

“Al final del día los criterios que cada estado sigue en uso de su soberanía les han llevado a pretender generar crecimiento en función de deuda, lo que hay que observar en el mediano plazo es si realmente tienen la capacidad para poder enfrentar esos créditos”.

Campeche, con rezago económico

El crecimiento de 3,384.9% de la deuda de Campeche en los últimos seis años contrasta con el desempeño del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que obtuvo una caída promedio anual de 3.2% entre el 2010 y el primer tercio del 2016.

Este comportamiento derivó de la crisis petrolera que viven las entidades dependientes del sector de hidrocarburos, donde la actividad industrial cayó 4.1 por ciento.

A esto se le agrega que el ingreso del trabajador formal sólo obtuvo un incremento de 30.5%, es decir, la deuda del estado creció 111.1 veces más que el salario de la población empleada en este mercado.

“La recesión que vive Campeche ha mermado los ingresos del sector público y su capacidad de generar gasto”, dijo el director del Idic.

Veracruz: gobierno ineficiente

En el mismo periodo de análisis, Veracruz es otro de los focos rojos a nivel nacional al presentar un bajo desarrollo de su actividad económica en los últimos seis años, con un promedio de 1.7%, donde la producción industrial cayó 0.5%; mientras en el mercado laboral el ingreso del empleado formal creció 10.6% y, asimismo, 69.61% de su población ocupada está en la informalidad.

Las obligaciones financieras de la entidad rebasan la dinámica de crecimiento de las variables citadas, con un incremento de 388.3% en seis años.

Al respecto, Hilario Barcelata Chávez, coordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, comentó: “Pareciera que es una tendencia general. Si se analiza el comportamiento de la deuda de todos los estados, vamos a ver que en el 2000 hay un incremento muy importante en todos ellos, esto se debe, en buena medida, a que se abrieron nuevas opciones de endeudamiento (…) Y por supuesto tiene que ver con la actividad de los gobiernos, como en el caso de Veracruz, que fueron contratando deuda, en principio, para adelantar proyectos productivos, pero que al final de cuentas fueron recursos que se utilizaron para fines privados”.

En el caso de esta economía, aseveró que el gobierno ha sido bastante ineficiente, “independientemente de que hubiera actos de corrupción, enfrentamos un caos financiero bastante grande, porque los déficits fiscales que fueron apareciendo se fueron financiando con endeudamiento, lo cual perjudicó la inversión en infraestructura”.

Detrás del incremento de la deuda en Veracruz “hay una mala administración y mucha corrupción”; lo que permite esto es un factor de orden político en la medida en la que los gobernadores que tienen control en los congresos locales pueden abusar más del financiamiento, acotó.

Chihuahua, fuertemente endeudada

En seis años la economía de Chihuahua aumentó a tasa anual promedio 3.9% y el ingreso del trabajador formal 3.5%, que significó que la deuda del estado, con una variación de 217.4%, creciera 55.7 veces más que la actividad económica y 62.5 veces más que el salario de un empleado.

Sobre esta situación, Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor e investigador de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, explicó que la actividad económica de Chihuahua está prácticamente impulsada por la economía de Estados Unidos: “Una buena parte de las plantas maquiladoras es de origen estadounidense, por lo que la recuperación de ese país representa un dinamismo relativo en Chihuahua”.

Sin embargo, manifestó que es preocupante el nivel de endeudamiento porque no es claro el uso que se le da a esa deuda pública adquirida: “Lo que se observa es que hay escasez de inversión pública, o bien hay obra pública pero es de mala calidad, frente al enriquecimiento de servidores públicos.

Economías débiles

Quintana Roo y Oaxaca, por su nivel de endeudamiento y gris actividad económica, forman parte del grupo con focos rojos.

En el caso de la primera el crecimiento de su deuda en los últimos seis años, de 311.7%, contrasta con el de su economía, de 4.9%, y la disminución de 5.0% del ingreso del trabajador formal. Mientras, Oaxaca tuvo variaciones de 166.8, 2.6 y 3.2%, respectivamente.

Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, explicó que esto tiene que ver con el mal manejo de los recursos.

 

 

Con información de El Economista 

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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