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Opinión

La antepenúltima de Duarte por Victor Quintana

La volvió a hacer. Aunque su sexenio vive sus últimas horas, sigue dando lata. Como el robot de  Terminator I del que ya sólo quedaba una mano con antebrazo mecánico, pero se seguía moviendo para hacer el mal. Así llega César Duarte al final de su gobierno.

Si varias organizaciones de la sociedad civil les impidieron a los serviles diputados imponer la reforma constitucional para crear un sometido Consejo de la Judicatura el jueves pasado, el Congreso vuelve a convocar a período extraordinario para el próximo lunes con ese punto en la agenda. Duarte quiere a toda costa salirse con la suya. Burlarse del pueblo de Chihuahua una y otra vez, hasta el último segundo antes de entregar su agonizante mandato.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del miércoles pasado, los criados de Duarte disfrazados de legisladores citaron a Sesión Extraordinaria para el día siguiente. De la nutrida agenda destacaban dos temas. El primero implica reformar la Constitución del Estado, crea el Consejo de la Judicatura Estatal y modifica la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, se favorece al gobernador y al presidente del Tribunal para que tengan más poder y puedan controlar a la mayoría de los magistrados y de consejeros de la nueva judicatura. De aprobarse esta iniciativa, que se presenta a última hora y no deja espacio alguno para la participación de la sociedad civil, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua estará controlado por los personeros de César Duarte al menos por seis años más.

La otra iniciativa es la que establece escoltas y protección permanente para los exgobernadores y algunos exfuncionarios, con cargo al erario chihuahuense. Un gobierno que se distinguió por el dispendio en escoltas y camionetas blindadas va ahora a echar sobre los hombros de los contribuyentes la pesada losa de sostener a los ejércitos privados de los gobernantes y funcionarios corruptos y miedosos.

Sin embargo, desde antes de iniciarse la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, un contingente de activistas de la Alianza Ciudadana y de las Barras y Colegios de Abogados se hicieron presentes en la sala de plenos, tomaron la tribuna y con megáfonos y pancartas mostraron su rechazo al golpe legislativo del duartismo.

Inundaron las redes sociales llamando a toda la ciudadanía a mostrar su repudio. La gallarda reacción ciudadana, organizada en unas cuantas horas, logró que la mayoría priista bajara del orden del día la sesgada iniciativa para crear el Consejo de la Judicatura.

Con todo y eso, los legisladores prosiguieron la sesión: aprobaron las escoltas para el fiscal y el director de la Policía Estatal y reeligieron e hicieron prácticamente inamovibles a dos magistrados de Parral, amigos del gobernador. Para taparle el ojo al macho legislaron para que las fotomultas no vuelvan nunca más.

Pero la estaca no estaba bien clavada en el corazón del vampiro, o por más aplanadoras ciudadanas que le pasen encima o granadas de la opinión pública le exploten, lo que queda del Terminator sigue haciendo la vida imposible a cuanto prójimo tenga en los confines del estado: le ordenó a sus diputadas y diputados en el Congreso que vuelvan a citar a período extraordinario para el próximo lunes 26 y vuelvan a subir el tema del Consejo de la Judicatura. No es que le inflame las entrañas el deseo de dejar a Chihuahua instituciones justicieras expeditas, modernas, que rindan buenas cuentas. Lo que le urge es que sus compadres queden dentro de esas instituciones. Es muy bueno que en el Poder Judicial haya un organismo de contrapeso, evaluación y seguimiento, como lo es el Consejo de la Judicatura. Pero es muy malo que ese Consejo esté controlado por magistrados o –como se teme– por jueces que sólo escuchan la voz del amo y ese amo no sea el pueblo.

Al cerrar estas líneas, a diez días que finalice el gobierno de César Duarte, este es uno más de los hechos de corrupción y autoritarismo con que él se despide. Seguramente no el último.

Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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