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Revelan moches en reparto de teles digitales de Sedesol

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Funcionarios del Gobierno federal recibieron moches por el programa de reparto de televisiones para la transición digital, reveló The Wall Street Journal.
De acuerdo con la publicación, el proceso de transición digital en 2014 y 2015 estuvo envuelto en corrupción en distintas etapas que se complementaron con conflictos que interés que han caracterizado la gestión de Enrique Peña Nieto.
En las primeras etapas de la compra de televisores el Gobierno descalificó a Samsung, el productor de pantallas más grande de México, porque sus modelos no cumplían especificaciones técnicas, según el resultado de la licitación.
Una unidad de la firma de Taiwan Foxconn Technology quedó en segundo lugar y entregó 1.5 millones de televisiones en las primeras tres rondas.
Según la publicación, la empresa Diamond abasteció el 63 por ciento de todas las televisiones, casi 6.5 millones, por 900 millones de dólares, y fue la única compañía que recibió contratos en todas las rondas de compra organizadas por la SCT.
Rodrigo Ramírez, Oficial Mayor de la SCT, afirmó que los contratos sin licitación otorgados a Diamond, como uno por 460 mil televisiones un mes antes del límite para el apagón analógico, se otorgaron por falta de tiempo para lanzar otra licitación antes del 31 de diciembre.
Una fuente con conocimiento de los contratos afirma que la razón por la que fueron descartadas otras empresas internacionales es porque no quisieron pagar moches.
La fuente afirma que los moches que se pidieron oscilaban entre 12 y 18 dólares por unidad entregada.
Ramírez negó la acusación en la publicación de The Wall Street Journal. “Lo niego categóricamente. ¿Por qué? Porque se trata de compañías serias, no globales pero casi. Tienen tratos en Asia y en EU” cita el artículo, “cuestionar el procedimiento equivale a cuestionar a la compañía involucradas”.
Tras obtener los contratos de la SCT, Diamond buscó financiamiento de millones de dólares con bancos privados, pero no lo logró.
El Universal

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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