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CNDH registra 90 mil desplazados en el país

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Los actos de violencia generada por el crimen organizado, pero también por las diferencias étnicas y religiosas generaron el desplazamiento de su lugar de origen de al menos 90 mil personas en los últimos años.

Édgar Corzo Sosa, visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó al Senado el informe sobre el desplazamiento interno y precisó que existen varios registros, realizados por instituciones federales y estatales.

La CNDH detectó mil 784 personas desplazadas, pero ellas refirieron conocer un total de 35 mil 433 víctimas de este desplazamiento; además, los gobiernos estatales y municipales reportaron 30 mil 377 personas desplazadas; los organismos de derechos humanos estatales reportan siete mil y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas registró entre 2006 y 2007 a 16 mil 92 personas desplazadas, entre otras cifras que se han entregado; así, se observa que en estos años se han reconocido al menos 90 mil personas en condición de desplazamiento interno.

El informe muestra que al menos son 49 las localidades de nueve entidades federativas que expulsan a sus habitantes, como consecuencia de la violencia. Los estados son Chiapas, con dos; Chihuahua, con siete; Guerrero, con 11; Jalisco, una; Tamaulipas, dos; Michoacán seis; Durango, tres; Veracruz, una y Oaxaca una más.

La más numerosa es Sinaloa, con 18 localidades, que son Ranchería La Noria, Ojo de Agua Las Palmillas, Tecomate de la Noria, Tiro, Comunidad La Mesa, El Zapote, El Oro, Tararán, Madriles, Puerto La Judía, Real Blanco, Los Laureles, Corral Quemado, La Ladrillera, Zaragoza, Cieneguilla, Platanar de los Oliveros y El Llano.

También muestra que en el universo de mil 784 personas que reportaron a la CNDH haber sido obligadas a desplazarse de su lugar de origen, 441 dijo que fue por actos de delincuencia; 16 por conflicto religioso; tres por conflicto de tierra; 10 por conflicto entre familias; 66 no especificaron y mil 248 dijeron que hubo un desastre natural.

Derechos Humanos

Frente a los senadores y a las organizaciones sociales que acudieron a convocatoria de la panista Gabriela Cuevas, Édgar Zorzo Sosa precisó que se trata de un problema que existe en México y que directa o indirectamente está vinculado con múltiples violaciones a los derechos humanos y que requiere ser visibilizado, debidamente dimensionado y atendido.

Recordó que los desplazamientos internos en el país no siempre son consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales, pero la violencia, inseguridad, impunidad y, en términos generales, la debilidad del Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país un número considerable de mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar, no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia.

Excelsior

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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