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México

Van 8 mil 815 ejecutados en 9 meses de 2016

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La violencia derivada por el mercado negro de las drogas vuelve a poner en jaque al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, alertó hoy la organización Semáforo Delictivo
Las ejecuciones y los homicidios en México continúan a la alza. La organización Semáforo Delictivo dio a conocer que la violencia derivada por el mercado negro de las drogas vuelve a poner en jaque al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Son las ejecuciones del crimen organizado las que nos han crecido también los homicidios”, dijo el director de la organización, Santiago Roel.
Entre enero y septiembre la organización informó, con base a datos de la empresa Lantia Consultores, que hubo 8 mil 815 ejecuciones, 47 por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Guerrero encabeza la lista con mil 352.
Seis de cada diez asesinatos se deben a ejecuciones del crimen organizado, aseguró Roel. Los estados con mayores índices son Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes.
Por su parte, los homicidios dolosos o intencionales ascendieron en un 20 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Colima reportó cinco veces más homicidios que el promedio nacional. En la entidad se cometen 61 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
En el caso de los secuestros, éstos ascendieron 2 por ciento en los primeros nueve meses del año con relación al mismo periodo del año pasado.
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Entre los estados con mayor número de secuestros se haya Tamaulipas con 2.6 por cada 100 mil habitantes, Tabasco 2.5 , Morelos 1.8; Guerrero 1.6 y Zacatecas 1.6.
“En estos casos la policía no sólo agarra un moche si no que se mete a cometerlos”, dijo Roel.
Por su parte, las extorsiones han descendido en el 2016 en un 5 por ciento. El 95 por ciento son llamadas telefónicas, detalló Roel.
En el caso de los vehículos robados, a nivel nacional se roban 100 vehículos por cada 100 mil habitantes.
Baja California lidera con 338 robos de autos por cada 100 mil habitantes, Estado de México mantiene una tasa de 197 y Baja California Sur 182. “
En cuanto al robo a casa el promedio nacional es de 51 delitos por cada 100 mil habitantes. Colima registró la mayor tasa de los primeros nueve meses de año con 293.
El promedio nacional de lesiones intencionales es de 81 por cada 100 mil habitantes.
“Las lesiones dolosas son en muchas ocasiones un reflejo de las pocas oportunidades que les ofrecemos a nuestros jóvenes. Si no lo hacemos nosotros es el crimen organizado el que les va ayudar, un dulce envenenado”, dijo Roel.
Entre las entidades con mayor número de registros en los primeros nueve meses del año se hayan: Tabasco con 163 por cada 100 mil; Baja California Sur, 154; Durango , 138; Guanajuato, 138; Baja California, 137; Coahuila, 128; y Querétaro 127.
El Semáforo Delictivo expuso que uno de los factores que producen la violencia en México es la falta de oportunidades a los jóvenes, la corrupción, la ineficacia, así como el mercado negro de las drogas.
“La falta de oportunidades es de largo plazo, el mal gobierno, también. En cambio el narcomenudeo es la principal causa de violencia y esa la podemos eliminar mañana. Les hemos dado un gran negocio a las mafias mediante la prohibición de las drogas”, dijo el director.
En abril el Presidente Enrique Peña Nieto envió una propuesta al Senado para aumentar el permiso de portación de mariguana de 5 a 28 gramos.
Santiago Roel descalificó la propuesta. “¿Y quién va seguir vendiendo la mariguana?”, cuestionó.
Sobre la propuesta del Senador del Partido Acción Nacional Jorge Luis Preciado Rodríguez de extender la portación de armas hacia vehículos y negocios (hasta ahora sólo permitida en domicilios), el director sentenció que acarrearía más violencia.
“No se puede combatir la violencia con más violencia”, dijo.

Vanguardia

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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