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México

Trata y tortura, fuera de la agenda en San Lázaro

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Las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social en la Cámara de Diputados formaron un bloque para impedir la aprobación de la reformas a la ley contra la trata de personas.
En conferencia, el coordinador del PRI, César Camacho, acompañado de los coordinadores del Verde, NA y PES, afirmó que esos partidos suman 271 votos, suficientes para solicitar el retiro del dictamen, el cual ya había sido aprobado por la Comisión de Justicia. El legislador dijo que “no hay violación alguna al procedimiento legislativo”, pues argumentó que mediante un “acuerdo” por el número de votos, se puede impedir que suba al pleno.
Camacho expuso que los medios comisivos contemplados en el artículo 10 de la ley permitirían que los presos por trata de personas pudieran interponer un amparo para ser liberados. “Estas bancadas no quieren expedir ningún precepto que pueda arriesgar a las víctimas, ni dar alguna oportunidad, un resquicio para que alguien que está condenado, que está pagando una pena impuesta por un juez y que ha causado definitividad, pueda ser puesto en libertad”, comentó.
El coordinador priista afirmó que las víctimas de trata no quedan desamparadas ni quienes cometen el delito dejarán de ser castigados, porque “no hay déficit normativo, y hay una ley de trata (vigente)”.
Camacho recordó que el dictamen proponía reformas a 105 de los 125 artículos que componen la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aunque consideró que sólo 80 tienen sustento jurídico correcto, y los 25 restantes contenían lagunas jurídicas.
El priista consideró que está “muerta” la minuta del Senado, por lo que se tendría que iniciar una nueva iniciativa que sólo contemple las reformas con sustento jurídico a los 80 artículos.
*Ven alianza electoral
La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado, Adriana Dávila (PAN), lamentó “que el PRI y sus aliados legislativos” hayan frenado las reformas, y consideró que detrás de ese hecho podría haber una alianza electoral entre el Revolucionario Institucional y los votos que representa la ex legisladora Rosa María de la Garza o Rosi Orozco, rumbo a las elecciones en el Estado de México en el 2017.
La senadora Dávila llamó a César Camacho a recapacitar, y le dijo que “tener los votos suficientes no significa tener la razón”.
“Esperaría que no ganara la mezquindad electoral, como ha sido recurrente, porque en el Senado no nos ganó eso”, agregó.
*También frenan tortura
El coordinador César Camacho anunció que el bloque PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social también pidió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retirara el dictamen, que también había sido avalado en comisiones, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Lo anterior debido a que el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que los cambios hechos por los diputados a la minuta del Senado de la República eran “regresivos”.

El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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