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REFLEXIÓN SOBRE UNA CARTA DE CARLOS BORRUEL Por Luis Villegas

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Es un hecho, estoy asustado. A partir de las múltiples ocupaciones a mi cargo, dejé el gimnasio; pero ya volví. Huelga decir que el susto derivó de lo innegable: Estaba ganando peso en forma acelerada (o séase engordando como cochino) Pues bien, desde la semana pasada empecé a ir y sí, mis temores eran fundados; una semana y ya tengo marcado el abdomen… marcado con la pretina de los calzones y de la pantalonera, que antes me quedaba guangüita y ahora parece leotardo. Pero no es ese mi peor susto. El colmo del espanto me llegó vía Internet. A mediados de la semana, con vahídos, la vista nublada, la corvas frágiles, el corazón en la boca, la boca seca, la lengua de fuera y la ropa empapada  de sudor, abrí mi correo mientras me metía a bañar y ahí estaba: Un correo electrónico cuyo remitente era, al parecer, Carlos Borruel. Cerré la llave de la regadera; me senté; miré fijo la pantalla y me puse a meditar: “¿Lo abro o no lo abro?”. Piense usted, gentil lector, querida lectora, que estaba yo al borde del desmayo, en los lindes del colapso, así que no era cosa de leer, no más así, la susodicha misiva. Como ya me conozco, lo leí; “al mal paso darle prisa”, “a lo que te truje Chencha”, total: “Si me han de matar mañana que me maten de una vez”. El título de la horrenda misiva era: “EL SALDO ROJO DEL PARTIDO AZUL”; entre otras barbaridades, la carta contiene los siguientes párrafos -transcribo-: 

  1. Mucho tiene por delante, no solo para reflexionar, sino para actuar, quienes integran e integramos el Partido Acción Nacional”;

 

  1. La seguidilla de derrotas que enfrentó el PAN en 2011 al no obtener ningún triunfo en las elecciones de Nayarit, Coahuila, Guerrero y finalmente Michoacán, […] fueron el anticipo de lo que iba a suceder en el 2012”;

 

  1. En lo que respecta a nuestro Estado, la votación del PAN para Senador fue del 27 por ciento y para Presidente 25 por ciento. A pesar de que hubo una participación del 53 por ciento, la votación se estacionó en los mismos niveles de la que tuvo Francisco Barrio en 1992, hace ya 20 años”;

 

  1. Este desastroso resultado electoral del pasado 1º. de Julio, obliga a quienes militamos en el partido blanquiazul a hacer un ejercicio de sinceridad, sobre lo que sucedió, pero también de un cambio de actitud. […] una invitación a despojarse de egoísmos,  ambiciones y protagonismos personales; a reconocer y no a destruir en una lucha feroz interna a los liderazgos que hay dentro del PAN”, y (el más infame de todos)

 

  1. Hoy, en la actualidad, se ha vuelto recurrente que cuando un panista pierde una convención y con ello la posibilidad de obtener un cargo de elección popular, inmediatamente acude  a los medios, denuncia fraudes, corruptelas y al final, sino consigue su objetivo de competir, termina tomándose fotos con los candidatos del PRI o militando en otros partidos”.

 

     ¿Actuar? Hay un solo curso de acción, don Carlos: El de la dignidad, el honor y la vergüenza. Los panistas responsables de esas derrotas, por corruptos, por incompetentes, por mediocres, por inútiles o por cómplices, deben salir del Partido. No hay otro camino ni ninguna otra vía para los panistas de esta hora, salvo predicar con el ejemplo.

     Que no lo van a ser y que los líderes “morales” de ese partido no tienen la menor intención de renunciar a sus prebendas y privilegios, resulta evidente a partir de esos mismos párrafos: “¿Seguidilla de derrotas que enfrentó el PAN en 2011? ¿Y la del 2010 en la que el propio Carlos fue Candidato que fue: Aplastante victoria o qué? ¿Por qué hace énfasis entre dos elecciones que no se pueden comparar: La de un candidato a Senador con la de un candidato a Gobernador? ¿Por qué no, si de veras se trata de una análisis serio y de buena fe, reconoce (hecho insólito) que los candidatos al Senado obtuvieron más votos que la Candidata a la Presidencia? ¿Desastroso resultado el del 1º. de julio? ¿Y el del 4 de julio de 2010, cuando él fue candidato, que fue, una ida al cine? ¿A que llama Carlos, “ejercicio de sinceridad” y “cambio de actitud”? Que las defina. Que diga, con nombres y apellidos, quienes han estado y están a la altura y quienes no; porque esa invitación a “despojarse de egoísmos,  ambiciones y protagonismos personales” va a quedar en nada si no empieza, él antes que nadie, por poner el ejemplo. Que se vaya del partido y que purgue sus culpas; luego podrá regresar con la cara lavada y la frente en alto (como “Pimpón”, el muñequito de cartón). De otro modo, su llamado a no “destruir en una lucha feroz interna a los liderazgos que hay dentro del PAN”; queda como lo que obviamente es: Un indicador de su miedo a que lo echen por gandalla; un intento, otro, para que él y los que son como él, queden protegidos, a salvo de pagar sus culpas. La hipocresía, el doblez moral, quedan de manifiesto en ese párrafo que acusa de acudir a los medios o denunciar fraudes; el 19 de febrero, todavía no se cerraba la votación y el estaba haciendo eso mismo: Acudiendo a los medios -y con razón además- a denunciar un fraude interno de proporciones inauditas. ¡Qué poca memoria!

     El Partido Acción Nacional sigue perfeccionando las trapacerías que en otros tiempos denunció. Ahora, en su proceso interno de selección de candidatos a senadores campearon las más añejas prácticas priistas, ya usuales en el panismo: uso de dinero público para comprar votos, acarreos, amenazas e inducción del sufragio”. Ese párrafo no lo escribí yo; lo publicó la revista Proceso, bajo el título: “La sucia lista del PAN”. Léalo.1

     Adjunto a la presente, copia electrónica de la sentencia emitida el 21 de abril de 2012, relativa a los juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-2170/2012 y SG-JDC-2171/2012 promovidos, respectivamente, por Carlos Borruel y Cruz Pérez, a fin de impugnar la resolución de 20 de marzo de la 1ª Sala de la Comisión de Elecciones del PAN, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección interna para elegir candidato Senador en Chihuahua; si le da flojera leerla, sólo revise las páginas 1, 2, 94, 145, 148, 149, 150, 167, 177, 179, 180, 181, 182, 190, 191, 196, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 271, 171, 273, 392 y 393. Ahí muy clarito se establecen la serie de anomalías, irregularidades y excesos plenamente demostrados en que incurrieron los “triunfadores” de dicho proceso interno. Nulidad que declararon dos autoridades distintas, una interna y otra externa, en dos momentos distintos, en sentencias distintas, por las mismas razones: Las cochinadas detectadas y probadas ocurridas el 19 de febrero. Y si bien en la sentencia emitida por la Sala Regional del TEPJF existe un voto particular del Magistrado José de Jesús Covarrubias, el mismo es porque él afirmaba que debía “reponerse” el procedimiento; el resolutivo segundo que él propone, textualmente reza: “Se confirma la nulidad de elección materia de este asunto, por las razones expuestas en el cuerpo de esta ejecutoria”.

Luis Villegas Montes.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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