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Opinión

REFLEXIÓN SOBRE UNA CARTA DE CARLOS BORRUEL Por Luis Villegas

Es un hecho, estoy asustado. A partir de las múltiples ocupaciones a mi cargo, dejé el gimnasio; pero ya volví. Huelga decir que el susto derivó de lo innegable: Estaba ganando peso en forma acelerada (o séase engordando como cochino) Pues bien, desde la semana pasada empecé a ir y sí, mis temores eran fundados; una semana y ya tengo marcado el abdomen… marcado con la pretina de los calzones y de la pantalonera, que antes me quedaba guangüita y ahora parece leotardo. Pero no es ese mi peor susto. El colmo del espanto me llegó vía Internet. A mediados de la semana, con vahídos, la vista nublada, la corvas frágiles, el corazón en la boca, la boca seca, la lengua de fuera y la ropa empapada  de sudor, abrí mi correo mientras me metía a bañar y ahí estaba: Un correo electrónico cuyo remitente era, al parecer, Carlos Borruel. Cerré la llave de la regadera; me senté; miré fijo la pantalla y me puse a meditar: “¿Lo abro o no lo abro?”. Piense usted, gentil lector, querida lectora, que estaba yo al borde del desmayo, en los lindes del colapso, así que no era cosa de leer, no más así, la susodicha misiva. Como ya me conozco, lo leí; “al mal paso darle prisa”, “a lo que te truje Chencha”, total: “Si me han de matar mañana que me maten de una vez”. El título de la horrenda misiva era: “EL SALDO ROJO DEL PARTIDO AZUL”; entre otras barbaridades, la carta contiene los siguientes párrafos -transcribo-: 

  1. “Mucho tiene por delante, no solo para reflexionar, sino para actuar, quienes integran e integramos el Partido Acción Nacional”;

 

  1. “La seguidilla de derrotas que enfrentó el PAN en 2011 al no obtener ningún triunfo en las elecciones de Nayarit, Coahuila, Guerrero y finalmente Michoacán, […] fueron el anticipo de lo que iba a suceder en el 2012”;

 

  1. “En lo que respecta a nuestro Estado, la votación del PAN para Senador fue del 27 por ciento y para Presidente 25 por ciento. A pesar de que hubo una participación del 53 por ciento, la votación se estacionó en los mismos niveles de la que tuvo Francisco Barrio en 1992, hace ya 20 años”;

 

  1. “Este desastroso resultado electoral del pasado 1º. de Julio, obliga a quienes militamos en el partido blanquiazul a hacer un ejercicio de sinceridad, sobre lo que sucedió, pero también de un cambio de actitud. […] una invitación a despojarse de egoísmos,  ambiciones y protagonismos personales; a reconocer y no a destruir en una lucha feroz interna a los liderazgos que hay dentro del PAN”, y (el más infame de todos)

 

  1. “Hoy, en la actualidad, se ha vuelto recurrente que cuando un panista pierde una convención y con ello la posibilidad de obtener un cargo de elección popular, inmediatamente acude  a los medios, denuncia fraudes, corruptelas y al final, sino consigue su objetivo de competir, termina tomándose fotos con los candidatos del PRI o militando en otros partidos”.

 

     ¿Actuar? Hay un solo curso de acción, don Carlos: El de la dignidad, el honor y la vergüenza. Los panistas responsables de esas derrotas, por corruptos, por incompetentes, por mediocres, por inútiles o por cómplices, deben salir del Partido. No hay otro camino ni ninguna otra vía para los panistas de esta hora, salvo predicar con el ejemplo.

     Que no lo van a ser y que los líderes “morales” de ese partido no tienen la menor intención de renunciar a sus prebendas y privilegios, resulta evidente a partir de esos mismos párrafos: “¿Seguidilla de derrotas que enfrentó el PAN en 2011? ¿Y la del 2010 en la que el propio Carlos fue Candidato que fue: Aplastante victoria o qué? ¿Por qué hace énfasis entre dos elecciones que no se pueden comparar: La de un candidato a Senador con la de un candidato a Gobernador? ¿Por qué no, si de veras se trata de una análisis serio y de buena fe, reconoce (hecho insólito) que los candidatos al Senado obtuvieron más votos que la Candidata a la Presidencia? ¿Desastroso resultado el del 1º. de julio? ¿Y el del 4 de julio de 2010, cuando él fue candidato, que fue, una ida al cine? ¿A que llama Carlos, “ejercicio de sinceridad” y “cambio de actitud”? Que las defina. Que diga, con nombres y apellidos, quienes han estado y están a la altura y quienes no; porque esa invitación a “despojarse de egoísmos,  ambiciones y protagonismos personales” va a quedar en nada si no empieza, él antes que nadie, por poner el ejemplo. Que se vaya del partido y que purgue sus culpas; luego podrá regresar con la cara lavada y la frente en alto (como “Pimpón”, el muñequito de cartón). De otro modo, su llamado a no “destruir en una lucha feroz interna a los liderazgos que hay dentro del PAN”; queda como lo que obviamente es: Un indicador de su miedo a que lo echen por gandalla; un intento, otro, para que él y los que son como él, queden protegidos, a salvo de pagar sus culpas. La hipocresía, el doblez moral, quedan de manifiesto en ese párrafo que acusa de acudir a los medios o denunciar fraudes; el 19 de febrero, todavía no se cerraba la votación y el estaba haciendo eso mismo: Acudiendo a los medios -y con razón además- a denunciar un fraude interno de proporciones inauditas. ¡Qué poca memoria!

     “El Partido Acción Nacional sigue perfeccionando las trapacerías que en otros tiempos denunció. Ahora, en su proceso interno de selección de candidatos a senadores campearon las más añejas prácticas priistas, ya usuales en el panismo: uso de dinero público para comprar votos, acarreos, amenazas e inducción del sufragio”. Ese párrafo no lo escribí yo; lo publicó la revista Proceso, bajo el título: “La sucia lista del PAN”. Léalo.1

     Adjunto a la presente, copia electrónica de la sentencia emitida el 21 de abril de 2012, relativa a los juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SG-JDC-2170/2012 y SG-JDC-2171/2012 promovidos, respectivamente, por Carlos Borruel y Cruz Pérez, a fin de impugnar la resolución de 20 de marzo de la 1ª Sala de la Comisión de Elecciones del PAN, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección interna para elegir candidato Senador en Chihuahua; si le da flojera leerla, sólo revise las páginas 1, 2, 94, 145, 148, 149, 150, 167, 177, 179, 180, 181, 182, 190, 191, 196, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 271, 171, 273, 392 y 393. Ahí muy clarito se establecen la serie de anomalías, irregularidades y excesos plenamente demostrados en que incurrieron los “triunfadores” de dicho proceso interno. Nulidad que declararon dos autoridades distintas, una interna y otra externa, en dos momentos distintos, en sentencias distintas, por las mismas razones: Las cochinadas detectadas y probadas ocurridas el 19 de febrero. Y si bien en la sentencia emitida por la Sala Regional del TEPJF existe un voto particular del Magistrado José de Jesús Covarrubias, el mismo es porque él afirmaba que debía “reponerse” el procedimiento; el resolutivo segundo que él propone, textualmente reza: “Se confirma la nulidad de elección materia de este asunto, por las razones expuestas en el cuerpo de esta ejecutoria”.

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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