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México

Dictan prisión preventiva a exfuncionario de Duarte

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Un juzgado de control del Poder Judicial del Estado, con sede en Pacho Viejo, dictó prisión preventiva en contra de Leonel Bustos Solís, exdirector general del Seguro Popular -dependencia adscrita a la Secretaria de Salud-, por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, omisión de un deber legal y tráfico de influencias.
La jueza de control del Poder Judicial del Estado, Verónica Portillo Suazo, dictó la medida de prisión preventiva por seis meses, tomando en cuenta como punto medular el traspaso irregular de 2 mil 300 millones de partida presupuestal del Seguro Popular a una cuenta identificada con el gobierno del expriista Javier Duarte de Ochoa.
Desde la madrugada de este viernes, Bustos Solís quedó internado en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz y minutos antes de ingresar a prisión se quejó que era el primer preso “sacrificado” del gobierno Yunista.
En la audiencia de medidas cautelares estuvo presente el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien pasó el hecho bochornoso de tener que salirse de la Sala de Juicios Orales, pues sus propios subordinados y empleados judiciales le indicaron que no podía permanecer en el inmueble judicial utilizando el teléfono celular.
La jueza Verónica Portillo consideró fundada la petición de la Fiscalía, pues al no acreditar el imputado su domicilio, no se garantizaba que éste se presentara y por su solvencia económica se corría el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
La carpeta de investigación 243/2016 que integró la Fiscalía también finca responsabilidades en contra del exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, cercano colaborador de Duarte pues en su sexenio también se desempeñó como Auditor General del Órgano de Fiscalización (ORFIS) y Contralor General del Estado.
La acusación en contra de Bustos Solís fue rubricada por el director de integridad y ética de la Contraloría General del Estado, Guillermo Beck Chiquini, quien acusa de 23 transferencias hechas de cuentas del Régimen Estatal de Protección en Salud a la cuenta del gobierno del Estado por un total de 2 mil 300 millones de pesos.
Además, la Fiscalía General del Estado solicitó el embargo precautorio de sus propiedades, entre las que se encuentran un departamento en Jardines de Xalapa, un terreno en Teocelo, una propiedad en Valle de Las Ánimas, una en Alto Lucero y dos predios en una zona residencial de Xalapa.
La defensa del exfuncionario de Duarte solicitó una prórroga para “analizar” todos los elementos de la carpeta de investigación, como varias firmas de Bustos Solís e incluso alegó que el hoy acusado se encontraba en Tlaxcala al momento de las transferencias.
La próxima audiencia quedo acordada para el próximo 24 de enero.

Fuente: Zócalo

México

Extradición de 37 reos a EU no se acordó con Trump, afirma Sheinbaum

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La extradición de 37 personas privadas de la libertad que México realizó a Estados Unidos no fue un tema abordado en la más reciente llamada telefónica con Donald Trump, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria rechazó que la decisión haya respondido a un intento por quedar bien con el gobierno estadounidense.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que la solicitud fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y posteriormente analizada y aprobada por el gobierno mexicano. Señaló que la determinación se tomó tras evaluar que se trataba de una medida conveniente para ambas naciones, pero principalmente para México.

Indicó que este tipo de acciones se originan en los mecanismos de entendimiento bilateral y que, en cada caso, la decisión pasa por el Consejo Nacional de Seguridad. De acuerdo con la presidenta, dicho órgano analiza si la medida representa un beneficio para el país en términos de seguridad nacional y seguridad pública, priorizando siempre el interés de México por encima de cualquier otra consideración.

Sheinbaum subrayó que se trata de decisiones soberanas, tomadas a partir de la política de seguridad nacional, y que no responden automáticamente a peticiones externas. Reiteró que cada expediente es revisado de manera individual antes de autorizar cualquier traslado.

La presidenta insistió en que el envío de personas privadas de la libertad no obedece a presiones ni a gestos políticos hacia Estados Unidos. Precisó que, una vez concluido el análisis correspondiente, se procede al traslado, ya sea mediante extradición u otros mecanismos legales, siempre bajo criterios definidos por las autoridades mexicanas.

El traslado de los 37 reos se realizó la mañana del martes, luego de que el gobierno federal los considerara una amenaza real para la seguridad del país. Entre las personas enviadas a Estados Unidos se encuentran Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z-27, exdirigente de Los Zetas; Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano; Roberto González Hernández, alias El 04; Heriberto Hernández Rodríguez, alias Negrolo; Ricardo González Sauceda, alias El Ricky; Humberto Rivera Rivera, alias El Viejón; Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla; José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalaman; Armando Gómez Núñez, alias Delta1, y José Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio.

Con este traslado, suman 92 los criminales de alto impacto enviados por México a Estados Unidos desde febrero de 2025 a la

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