Cayó el auditor del estado. Jesús Manuel Esparza Flores presentó su renuncia como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y de inmediato las oficinas fueron tomadas por personal de la Fiscalía General del Estado, con el fin de evitar la fuga o destrucción de información sensible y relevante para las denuncias que integra el nuevo gobierno en contra del anterior, por delitos como desvío de recursos, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, entre muchas otras.
Panistas lo traían de encargo. Así se cumplió al menos en parte el propósito de Jorge Soto, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Fiscalización, por el presunto uso indebido de recursos públicos y haber metido mano en las auditorías para deslindar a los gobiernos y organismos de la administración de Duarte de cualquier responsabilidad por los desfalcos a granel que se hicieron durante esos nebulosos seis años.
Se dice limpio e inocente. Si bien el auditor presentó su denuncia, también salió a anunciar que presentaría recursos jurídicos no sólo para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él, sino para ir con quienes dice han difamado a su familia, pues su hija administraba las redes sociales de César Duarte y no ganaba nada mal por ello. Aseguró que lo traen en la mira por cuestiones políticas y personales, pero que delitos no hay. Lo que dicen todos.
Quieren inhabilitarlo. Aunque el objetivo es fincar cargos que deriven en una orden de aprehensión, por lo pronto el Congreso le está tirando a inhabilitar al todavía auditor (pues la renuncia fue enviada al coordinador Miguel Latorre, líder del PAN en el Congreso, y no a Blanca Gámez, presidenta del Congreso). En cuanto Esparza salga, se publicaría una convocatoria para concursar el puesto y quede quien quede.
¿Negociación oculta? Esparza así busca tender un puente con sus perseguidores para quitarse la bronca, y se especula que podría haber un pacto para que el auditor entregue información valiosa que pueda reforzar las denuncias contra César Duarte y sus secuaces, a cambio de que el proceso en su contra quede en ahí muere.
En el Ichitaip, las barbas a remojar. Por lo pronto Rodolfo Leyva ya puso a remojar sus abundantes y frondosas barbas, y es que con el cochinero que se ha vuelto ahí todo, podría haber conflictos que terminen en sorpresas. No sólo pesan las sospechas de tráfico de influencias contra Miguel Latorre por haber colado a su esposa (qué casualidad) como directora en el Ichitaip, y colar a Amelia Martínez como consejera pese a que otras aspirantes como Mónica Soto tuvieron mejor calificación y trayectoria. Ahora hay un desorden con la supuesta orden de incluir a Ricardo Gándara, esposo de la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, en la nómina del instituto.
Ahora sí, muy autónomo. Cuando andaba pidiendo apoyos y favores Rodolfo Leyva se mostró muy complaciente con el PAN, pero ahora exige respeto a su investidura y dice que ni a Corral tiene por qué tomar en cuenta. Es cierto, pero que ahora les explique a todos aquellos a quienes ofreció sumisión de dónde nació su repentina independencia. Lo que mal empieza, mal acaba, y este pleito pinta para largo y Leyva lleva las de perder.
Les leen la cartilla a diputados. Quizá esto motivó al gobernador Javier Corral a llamar a los diputados de la bancada azul, no para felicitarlos o pedirles unirse ante Trump, sino para ponerles una regañiza por andar cada quien por su lado, tratando de colar a cuantos más parientes y amigos sea posible en las nóminas públicas, armar grupos y ver el servicio y la legislatura como un botín de guerra. ¿Cómo regañarlos si su líder es el primero en poner desorden? Miguel Latorre se llevó, desde luego, la peor parte.
Corral en la frontera. Donde sí se vio muy sonriente a Corral fue en las audiencias públicas que se llevaron a cabo en el gimnasio del Cobach de Ciudad Juárez, donde asistieron casi medio millar de personas, y muchísimos servidores públicos de todos los niveles. Ahí estuvieron codo a codo funcionarios estatales y municipales, dando muestra de que, pese a las diferencias, ya les urge trabajar juntos, pues en ambos lados hay aspiraciones para más arriba.
Pleito con los medios. Algunos medios publicaron mañosamente fotografías que mostraban el evento completamente vacío. Si bien es cierto que faltó difusión y que la concurrencia no fue la esperada, en parte por el movimiento de agenda que le hicieron a Javier Corral desde el altiplano con motivo de una reunión con Enrique Peña Nieto, para pedir apoyo contra Trump y anunciar una posible ‘suavización’ del gasolinazo. También hubo protestas de reporteros que no se quieren cuadrar al modelo impuesto desde las oficinas de Comunicación, e incluso han sacado desplegados bastante cuestionables exigiendo dinero público para continuar con su labor.
Riggs, ¿entre chismes o transas? El síndico capitalino está envuelto en una chirinola por la contratación de una empresa propiedad de su hermana, Carolina, la cual ha recibido 2.25 millones de pesos por artículos promocionales y pagos de inserciones de medios, aunque la mayoría tienen que ver con la llamada “carrera de la liberación” que el mismo síndico organizó con recursos de patrocinadores que él mismo consiguió.
Priistas al ataque. El caso fue denunciado por Fermín Ordoñez, quien apuesta a ser luz de la calle y oscuridad de su casa, pues no puede ver a un panista despeinado sin denunciarlo, pero cuando alguien es tricolor le provoca una selectiva amistad y ceguera. Con todo, es importante que se mantenga una marca personal hacia los funcionarios de las nuevas administraciones, por aquello de evitar la tentación de meter uña. Riggs se limitó a señalar que se ganó el contrato simplemente por ofrecer mejores precios, que no es suya ni participa en ella, y que si hay delito que se investigue. Eso de mezclar negocios públicos con privados siempre huele mal…