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Iñaki Urdangarin, primer familiar de un rey condenado a cárcel en democracia

La justicia absolvió a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y condenó a su marido a seis años y tres meses de prisión por un escándalo de malversación que hizo tambalear a la monarquía española.
La sentencia del tribunal de Palma de Mallorca (Islas Baleares), que puede ser recurrida al Tribunal Supremo, exculpa a Cristina de Borbón un año después de convertirse en el primer miembro de la familia del rey en sentarse en el banquillo de los acusados.
«Debemos absolver y absolvemos a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia de los delitos contra la hacienda pública», reza la sentencia emitida siete meses después de que el juicio fuera visto para sentencia.
Su marido corrió menos suerte: fue condenado a seis años y tres meses de prisión y a una multa de 512 mil euros por haber malversado junto a un ex socio varios millones de euros entre 2004 y 2006 a través del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía.
Él y su socio Diego Torres, condenado a ocho años y medio de cárcel, habrían inflado contratos públicos firmados con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia, entonces dirigidos por el conservador Partido Popular del ahora jefe de gobierno Mariano Rajoy.
Exculpada de fraude fiscal, la infanta Cristina, de 51 años, fue multada con 265 mil euros por su responsabilidad civil como beneficiaria de las ganancias obtenidas por su marido, una suma ya restituida durante el procedimiento.
Satisfacción y disgusto
Según la prensa, Cristina e Iñaki conocieron la sentencia desde Ginebra, donde viven desde 2013 con sus cuatro hijos.
En Barcelona, el abogado de la infanta, Miquel Roca, declaró a la prensa que su clienta recibió el fallo «con satisfacción pero también (…) con el disgusto de compartir una condena para su marido que ella considera injusta porque creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo».
En todo momento, Cristina negó conocer las actividades de su marido y explicó haber actuado con total confianza hacia este exjugador olímpico de balonmano con quien se casó en 1997.
El juicio oral, con 17 acusados, se desarrolló entre enero y junio de 2015 bajo una fuerte expectación mediática, con numerosos medios difundiéndolo en directo por internet.
El escándalo estalló a finales de 2011 y causó un profundo malestar entre la sociedad española, golpeada por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.
El escándalo acabó precipitando la abdicación en junio de 2014 del rey Juan Carlos I y la llegada al trono de su hijo Felipe VI con la intención de restaurar la imagen de la monarquía.
Acusación controvertida
Las juezas del tribunal fueron menos severas que la fiscalía que reclamaba 19 años y seis meses de prisión para Urdangarin y una sanción de 980 mil euros.
En cambio, el fiscal Pedro Horrach defendió en todo momento la inocencia de Cristina, copropietaria junto a su esposa de una sociedad que recibía fondos del Instituto Nóos.
Sin embargo, la infanta fue finalmente juzgada por la denuncia de una controvertida asociación anticorrupción, Manos Limpias, cercana a la trema derecha.
En medio del proceso, el dirigente de esta organización fue encarcelado acusado de codirigir una red de extorsión y de haber chantajeado a los abogados de la infanta.

EL Informador

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Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».

Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».

El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.

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Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.

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«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

**Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas** Créditos: Cuartos

En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.

Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.

«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.

Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.

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