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Policiaca

Desmiente Fiscalía toque de queda en Cuauhtémoc

Los operativos de vigilancia y los sobrevuelos que se realizan en la zona de Álvaro Obregón (Rubio) y Cuauhtémoc arrojan que no existe evidencia de la actividad criminal e inseguridad que se habla en redes sociales, afirmó el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel
El fiscal celebró que existe confianza en la dependencia a su cargo por parte de los alcaldes y los distintos sectores sociales de los municipios de Madera, Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes para capacitar, certificar y evaluar a sus policías municipales, además de que han manifestado su aceptación de que la Policía Estatal Única tome el control temporal de la seguridad pública.
Peniche Espejel anunció que como una más de las acciones encaminadas a mejorar la seguridad en la Sierra, el próximo lunes se publicará la convocatoria para reclutar a 250 elementos y así crear la División de Operaciones Rurales que tendrá la encomienda de atender esa región.
El funcionario explicó que las versiones falsas sobre actividad de grupos delictivos en la zonas, se empezaron a generar luego de un enfrentamiento que sí existió en la zona de Rubio, entre dos grupos que se presume pertenecen a la delincuencia organizada.
Se tuvo conocimiento de que en ese enfrentamiento participaron entre cuatro y cinco vehículos y en el sitio se encontraron alrededor de mil cartuchos, aunque no se reportaron personas heridas o fallecidas.
Dijo que desde que surgieron las versiones manejadas en redes sociales, se enviaron elementos para confirmar o descartar la información sobre la presencia de caravanas de vehículos de presuntos criminales; por eso, se utilizaron para ello las aeronaves estatales. Así fue como se constató que no hay evidencia del movimiento del que se habla en redes sociales.
Por lo anterior, hizo un llamado a que se mantenga la tranquilidad, ya que en la región no hay motivo para suspender las actividades; además, continuará el apoyo de las aeronaves para llevar a cabo las tareas de vigilancia.
El fiscal general indicó que la única aeronave que realiza labores de reconocimiento es de la policía estatal, para verificar y obtener información; más allá de que en las redes sociales existan algunas fotografías y videos que no se han podido confirmar su veracidad.
Agregó que la presencia del Ejército Mexicano se dio por petición de la propia Fiscalía, quienes también pudieron corroborar que las versiones sobre toques de queda o de tránsito de caravanas con hombres armados, no tienen sustento.
En referencia a la capacitación de las corporaciones en los seis municipios mencionados, César Augusto Peniche dijo que el propósito es, que los elementos tomen el curso que les permita obtener la certificación correspondiente y puedan brindar la seguridad que la población requiere.
Precisó que por ese motivo se enviaron alrededor de 330 policías a esos seis municipios, mientras que 150 trabajan en Cuauhtémoc y su región.
El funcionario reiteró, que los alcaldes de los seis municipios están de acuerdo, tanto con los operativos como con el curso de capacitación y las evaluaciones de control de confianza para los elementos de las policías municipales, ya que ambos requisitos son fundamentales para desempeñar esa función.
Informó que en la próxima semana sostendrá reuniones con funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación para atender los problemas relacionados con estos rubros en los seis municipios citados, con el objetivo de generar mejores condiciones de vida y de desarrollo para quienes habitan estas localidades.

Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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