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‘No hubo espionaje telefónico en la Torre Trump’: FBI y NSA

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Los jefes del FBI y la NSA rechazaron este lunes la acusación de Donald Trump de que su antecesor Barack Obama intervino sus teléfonos durante la campaña electoral.

«El departamento no tiene información que soporte esos tuits», dijo el jefe del FBI, James Comey, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, al referirse a los señalamientos hechos por Trump en Twitter.

«Ningún presidente podría» ordenar este tipo de escuchas, explicó. Y subrayó el «rigor» del procedimiento jurídico que se necesita para espiar los teléfonos de ciudadanos estadunidenses, lo que implica la firma de un juez especializado.

El director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Mike Rogers rechazó luego que Washington solicitara a los servicios de espionaje británicos de espiar a Trump como lo había insinuado un comentador conservador citado por el portavoz de la Casa Blanca la semana pasada.

«No he visto nada del lado de la NSA de que haya hecho tal cosa o de que alguien nos lo pidiera», dijo Rogers durante una audiencia ante la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Las agencias estadunidenses de inteligencia concluyeron en enero que el presidente ruso Vladimir Putin estuvo detrás de los intentos de interferencia.

Pero no habían comentado públicamente si estaba examinando los lazos entre los integrantes de la campaña de Trump y funcionarios rusos.

El jefe de la comisión, el diputado republicano Devin Nunes inició la sesión, la primera audiencia pública sobre el tema, afirmando que ese panel «no había visto evidencia hasta la fecha de que miembros de la campaña conspiraron con agentes rusos».

Pero el demócrata Adam Schiff detalló una lista de presuntos vínculos y comunicaciones entre el equipo de Trump y Rusia.

Noticias MVS

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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