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Descubren otra red de corrupción, ahora en gobierno de Nayarit

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En septiembre de 2011, cuando el gobernador priista Roberto Sandoval Castañeda rindió protesta se autodefinió como parte de una nueva generación: “la gente reclama de la política y de los políticos honestidad”, dijo en un auditorio saturado de asistentes. Era la época de ascenso al poder del nuevo PRI, ese de Javier Duarte en Veracruz y de Roberto Borge en Quintana Roo. En el rito político, el exalcalde de la capital Tepic agradeció su candidatura al presidente nacional de su partido: “Gracias a mi líder, a mi amigo, a mi maestro: al profesor, Humberto Moreira”. También destacó la presencia de Enrique Peña Nieto y la del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Todos estaban ahí: sentados en primera fila para ver el inicio del autonombrado “Gobierno de la gente”.
Sandoval formó su gabinete, y en éste sólo repitieron dos de sus principales colaboradores municipales: Édgar Veytia, que al tiempo se convirtió en fiscal estatal y hace unos días fue detenido en Estados Unidos acusado de producir y distribuir droga en su territorio, y Gianni Ramírez, Secretario de Obras Públicas.
Gianni entró el 19 de septiembre de 2011. Tres semanas más tarde lo hicieron Juan Ignacio Ávila Ruiz, como su subsecretario de Obras Públicas, y Fred Alberto Bernal Aguirre, como su director de Infraestructura Urbana y Vial. Al poco tiempo, y junto con Luis Arciniega Alvarado, a quien se le conoce como “El Yogui”, conformarían el primer núcleo de una red de contrataciones de obra pública entre ex socios y hermanos.
El grupo utilizó sus cargos para asignar al menos 15 contratos a empresas fundadas por ellos mismos, por sus socios, por sus hermanos y por sus cuñados. Los fallos suman, al menos, 121 millones 820 mil pesos.
El método fue el siguiente: ellos mismos fundaban las empresas, ellos mismos concursaban, ellos mismos decidían, ellos mismos se quedaban con el presupuesto público. Los contratos que beneficiaban a las empresas que fundaron los firmaban ellos con su puño y letra, y en otras ocasiones lo hacían otros funcionarios que han integrado esta hermandad.
Así fue como se formó en Nayarit una especie de fraternidad de servidores públicos donde sus filias fueron más allá de lo laboral, y cuyo grado de cercanía quedó registrada en fotografías durante un baño grupal en el río Jordán, en Israel. Fue un bautismo de grupo realizado en 2009, según fuentes consultadas para este reportaje. Se trató de dejar en claro su amistad y religiosidad en un solo acto.
Funcionarios y exfuncionarios de Obras Públicas de Nayarit hicieron un viaje al río Jordán, y realizaron una especie de bautismo en sus aguas. De izquierda a derecha, y sin difuminado de rostros: Fred Alberto Bernal Aguirre, Luis Arciniega Alvarado y Gianni Ramírez.
Estas operaciones van en contra de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nayarit, que prohíbe que un empleado del gobierno tome decisiones que pueden beneficiar a empresas relacionadas con sus intereses personales, familiares o de negocios. El espíritu de la legislación es evitar un conflicto de interés.
En septiembre de 2005, el ahora Secretario de Obras Públicas, Gianni Ramírez, creó la constructora Terracerías y Caminos de Occidente. Al año siguiente, en mayo de 2006, dejó la empresa y transmitió la totalidad de sus acciones a Salvador Verde Balcázar.
Desde que Gianni tomó por primera vez el cargo de Secretario de Obras Públicas del estado (SOP), Terracerías y Caminos de Occidente fue una empresa ganadora de contratos de obra. En 2012, 2013 y 2015 la SOP le dio tres contratos que sumaron más de 30 millones pesos.
Algunos de éstos fueron firmados por el propio Gianni Ramírez, como fue el proyecto de construcción del malecón y muelle en la presa Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, Nayarit. La licitación recibió siete propuestas, y el 10 de septiembre de 2012 se eligió a Terracerías y Caminos de Occidente por ser, presuntamente, la más conveniente para el estado. Cobró 10 millones 330 mil pesos.
De acuerdo al Registro Público de Comercio, Gianni Ramírez dejó esta empresa el 20 de mayo de 2006, y asumió el cargo de Secretario de Obras Públicas el 19 de septiembre de 2011. Es decir, transcurrieron cinco años y cuatro meses. No se esperó los seis años que le obligaba la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nayarit para influir en la adjudicación del contrato de la empresa que él fundó.
Y es que la fracción 12, del Artículo 54 de la legislación, dice que “(todo servidor público deberá) excusarse de intervenir, de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o concubina o concubinario o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, civiles o, por afinidad, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los seis años anteriores a la fecha en la que se asumió el cargo”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Mujeres ocupan posiciones clave en el poder político de México

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La presencia de mujeres en cargos de alto nivel dentro del gobierno mexicano ha crecido de manera significativa en los últimos años. Actualmente el país cuenta con su primera presidenta y con varias funcionarias en puestos estratégicos del poder federal y estatal, lo que refleja cambios en la participación femenina en la vida política nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República tras ganar la elección de junio de 2024 como candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Su gobierno inició en octubre de ese mismo año y entre sus compromisos se encuentran diversas políticas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres. Entre las medidas impulsadas destacan la creación de la Secretaría de las Mujeres y la reforma para garantizar la igualdad sustantiva. Sheinbaum es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Física y posteriormente cursó una maestría y doctorado en Ingeniería Energética.

En el Poder Legislativo también hay mujeres en posiciones relevantes. Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional, preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura. Desde ese cargo encabeza los trabajos legislativos, incluida la discusión de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, además de un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez asumió la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre de 2025 para el segundo año de la actual legislatura. La legisladora de Morena también tendrá la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral en medio de las posiciones encontradas entre los partidos de oposición y los aliados del gobierno. Castillo es arquitecta por la UNAM y ha sido diputada federal y militante fundadora del PRD.

En el ámbito de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos se convirtió el 3 de diciembre en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República para el periodo 2025-2034. Es licenciada en Derecho por la UNAM y anteriormente se desempeñó como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, consejera jurídica de la Presidencia y diputada local.

Otra posición relevante es la de Citlalli Hernández, quien encabeza la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres. Comunicóloga por la UNAM, Hernández ha ocupado diversos cargos legislativos y fue secretaria general de Morena. Desde su actual responsabilidad impulsa políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, además de trabajar en estrategias para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

A nivel estatal también se observa una mayor presencia femenina. Actualmente hay 13 mujeres al frente de gobiernos locales, entre ellas Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Clara Brugada en la Ciudad de México, Margarita González Saravia en Morelos, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Delfina Gómez en el Estado de México, Mara Lezama en Quintana Roo, Libia García Muñoz Ledo en Guanajuato y Rocío Nahle en Veracruz. Estas designaciones reflejan el crecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública en el país.

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