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México

Fepade cita a declara a Eva Cadena, tras videoescándalo

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), entregó el oficio de citatorio a Eva Felicitas Cadena Sandoval, diputada de Morena por Veracruz, para que se presente en sus instalaciones a rendir su declaración por el dinero que recibido presuntamente para entregar a Andrés Manuel López Obrador.
Autoridades federales confirmaron a EL UNIVERSAL que la Fepade ya giró el citatorio para que la ex candidata a la alcaldía de Choapas, Veracruz, comparezca sobre los dos videos en los que se le observa recibiendo dinero en efectivo «para su campaña».
Este jueves integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron en la Fepade dos denuncias en contra de militantes de Morena: una en contra de Delfina Gómez y otra contra Eva Cadena.
Sobre la denuncia penal interpuesta contra Eva Cadena, Eduardo Aguilar, coordinador general jurídico del PAN, explicó que se deriva luego de que se diera a conocer que recibió dinero relacionado con financiamiento ilícito a partidos políticos y a campañas electorales en dos ocasiones.
«Ha recibido dinero ilícito y además en moneda extranjera para financiar campañas electorales».
Como prueba los panistas presentaron los videos donde se observa a Cadena recibiendo dinero de una mujer no identificada dados a conocer por EL UNIVERSAL esta semana y también entrevistas públicas que ha realizado la ex candidata a la alcaldía de Choapas, Veracruz.
«La propia señora Eva Cadena, diputada local por Morena, ha afirmado haber recibido el dinero y luego dice haberlo regresado. Hay una confesión y la ley prevé que la confesión es una prueba real, es una prueba objetiva», señaló Eduardo Aguilar.
Sobre Andrés Manuel López Obrador, Aguilar aseguró que no se tienen pruebas en su contra más que la mención que se hace en los videos de que es el destinatario del dinero.
La denuncia contra Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, está relacionada con los posibles actos de corrupción cometidos cuando fungía como alcaldesa de Texcoco.
Eduardo Aguilar dijo que con los descuentos que se realizó a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Delfina incurrió en delitos en contra de la Ley General de Delitos Electorales por desviar dinero público de los trabajadores (aproximadamente 13 millones de pesos) para el financiamiento de organizaciones políticas de partidos políticos y añadió que incurrió también en delitos previstos en el Código Penal del Estado de México.
«El segundo grupo de delitos que ella ha cometido son los establecidos en el Código Penal del Estado de México, que señalan con precisión que hay enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado», informó Aguilar.
«La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece como delito el hacer este tipo de descuentos o retenciones haya o no haya voluntad de los trabajadores para hacerlo. Esto significa una responsabilidad penal», señaló Víctor Hugo Sondón, presidente del PAN en el Estado de México y coordinador de la campaña de la candidata Josefina Vázquez Mota.
Los panistas advirtieron que la candidata ha señalado que el descuento a trabajadores fue voluntario, sin embargo, aseguraron que aunque eso fuera verdad también sería un delito.
Además, afirmaron que ni Gómez no funcionarios de alto nivel del ayuntamiento realizaban esta aportación.
Sondón anunció que este jueves se presentará ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral una queja para que se inicie un proceso por obtención de financiamiento ilegal en contra de Delfina Gómez.

EL Universal

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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