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Gobierno poblano circula una versión que criminaliza a familia atacada en la México-Puebla

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La saña con la que se perpetró el asalto en la México-Puebla en el que fueron violadas dos mujeres y asesinado un bebé de dos años la madrugada del 2 de mayo, ha llevado a que las autoridades “investiguen el móvil del asalto como un ajuste de cuentas entre ladrones de hidrocarburo”, según información que hizo circular el Gobierno poblano entre los distintos medios locales.
La versión, sin embargo, criminaliza a las víctimas y es una salida de las autoridades, que no han dado una explicación de los hechos.
El ataque en la carretera México-Puebla provocó una ola de indignación por el aumento de la inseguridad no sólo en la zona centro sino en todo el país. Reclamaron tanto al Gobierno de Puebla como al del Presidente Enrique Peña Nieto por no garantizar la tranquilidad de los ciudadanos ni aún en las carreteras federales.
Fuentes judiciales dijeron a Periódico Central que la banda que atacó a la familia Vázquez se dedica al robo de hidrocarburo a Pemex y que operan desde la junta auxiliar de Tláloc –perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca– hasta Santa Rita Tlahuapan. Lo mismo dijeron las fuentes a otros medios poblanos.
La línea de investigación que actualmente siguen las autoridades poblanas plantea que “los atacantes estuvieron a la caza de Hilario Vázquez Pérez y su familia, ya que tenían bien ubicada su camioneta Ford Ranger de color blanco en la que viajaban”.
Víctor Carrancá Bourget informó que la Fiscalía General de Justicia revisa las cámaras localizadas en la zona de la autopista México-Puebla para poder encontrar a los ocho responsables del ataque en contra de la familia Vázquez. Oficialmente, sin embargo, no confirmó la información que se hizo circular en la misma dependencia de manera extraoficial.
El asalto, violación de mujeres y asesinato de bebé en Puebla provoca coraje e indignación en ciudadanos
“Además, de los cinco integrantes de la familia únicamente el padre no fue atacado ni golpeado, por lo que se indaga el abuso sexual a su esposa y su hija de 14 años de edad, así como los golpes a su hijo mayor, como una venganza”, dijo una fuente judicial.
La versión es repetida en otros medios poblanos. Permitiría a las autoridades justificar el ataque como una “vendetta” o “venganza”, y no como un hecho violento que afecta a las decenas de miles de ciudadanos que utilizan esa autopista.
En el caso del homicidio del niño de dos años de edad, quien fue identificado como Elías, las primeras versiones de la Fiscalía señalan que a los agresores se les escapó un disparo al momento de forcejear con la madre.
Pero ninguna fuente oficial lo ha dijo así ante la prensa. Sólo fuentes extraoficiales.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Periódico Central, la familia atacada es originaria de Quecholac, municipio en el cual también operan bandas dedicadas al robo de hidrocarburo.
Con el argumento de la vecindad es que se investiga si el padre de familia “tiene que ver con alguna de ellas”.
Este 2 de mayo, cerca de las tres de la madrugada, la familia Vázquez solicitó apoyo a elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la caseta de la autopista México-Puebla luego que los sujetos que viajaban en dos vehículos abusaron sexualmente de dos mujeres y mataron a un niño de dos años de edad para después robarse la camioneta Ford Ranger que conducía el padre de familia, identificado como Hilario Vázquez Pérez.

Periódico Central

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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