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México

No hay dinero para nueva ley penal; austeridad posterga su aplicación

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Está en veremos la aplicación de las leyes derivadas del nuevo sistema de justicia, debido a los requerimientos de austeridad del gobierno.
Desde finales del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Congreso evitar o postergar la aprobación de las leyes que en su puesta en marcha impliquen un gasto extraordinario al presupuesto y que no sean prioritarias para el país.
Echar a andar la legislación derivada del nuevo sistema de justicia, cuya mayoría ya está en vigor, implica un gasto de al menos 40 mil millones
de pesos.
Por ejemplo, sólo la Ley Nacional de Ejecución Penal representa compromisos por dos años por 20 mil millones de pesos, el mando policial diseñado en el Senado, y que está atorado en la Cámara de Diputados, implica otros 20 mil millones de pesos.
En el menor de los casos, el Sistema Nacional Anticorrupción representa una erogación de por lo menos 100 millones de pesos.
Información obtenida de senadores y diputados federales establece que la restricción presupuestal comenzó a vivirse desde 2016, lo que causó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga un sistema de aplicación escalonada a lo largo de dos años.
Una disposición que se verá afectada es la relativa al mejoramiento de las cárceles del país.
Compromisos presupuestales de legislaciones vigentes encendieron alertas en la SHCP e hizo el exhorto ante el Congreso de la Unión para evitar las iniciativas cuyo gasto no sea prioritario.
La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de limitar al máximo los costos futuros de las reformas y nuevas leyes en el Congreso de la Unión tiene su origen en los compromisos presupuestales que implican las leyes derivadas del nuevo Sistema de Justicia, estimados en 40 mil millones de pesos y cuya mayoría ya está en vigor.
Tan sólo la Ley Nacional de Ejecución Penal representa compromisos por dos años de al menos 20 mil millones de pesos. Además, la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción representa una erogación de al menos 100 millones de pesos y, de acuerdo con las estimaciones presupuestales, el mando policial diseñado en el Senado y que está atorado en la Cámara de Diputados implica otros 20 mil millones de pesos.
Ayer, Excélsior reveló que el ajuste presupuestal de 43 mil 800 millones de pesos para 2018 afectó el trabajo legislativo porque diputados y senadores congelaron la aprobación de leyes o modificaron propuestas de reforma para no causar un impacto negativo en el gasto federal.
De acuerdo con legisladores, la SHCP les solicitó, a finales del año pasado, aplazar la aprobación de todas las iniciativas que impliquen un gasto extra en el presupuesto y no sean prioridad.
En la Cámara de Diputados no se aprobaron iniciativas de ley o minutas de reformas cuyo costo de implementación sea mayor a un millón de pesos. Entre los temas frenados destacan el derecho universal y gratuito a la reconstrucción mamaria de mujeres afectadas por cáncer o el que los trabajadores, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a guarderías del IMSS.
Los senadores, por ejemplo, hicieron modificaciones que dejaron fuera la obligatoriedad policial de portar geolocalizadores y retiraron el capítulo presupuestal en la Ley de Cultura; además, aprobaron cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero, a petición de Hacienda se retiró lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales.

México

Mujeres ocupan posiciones clave en el poder político de México

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La presencia de mujeres en cargos de alto nivel dentro del gobierno mexicano ha crecido de manera significativa en los últimos años. Actualmente el país cuenta con su primera presidenta y con varias funcionarias en puestos estratégicos del poder federal y estatal, lo que refleja cambios en la participación femenina en la vida política nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República tras ganar la elección de junio de 2024 como candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Su gobierno inició en octubre de ese mismo año y entre sus compromisos se encuentran diversas políticas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres. Entre las medidas impulsadas destacan la creación de la Secretaría de las Mujeres y la reforma para garantizar la igualdad sustantiva. Sheinbaum es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Física y posteriormente cursó una maestría y doctorado en Ingeniería Energética.

En el Poder Legislativo también hay mujeres en posiciones relevantes. Kenia López Rabadán, legisladora del Partido Acción Nacional, preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura. Desde ese cargo encabeza los trabajos legislativos, incluida la discusión de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, además de un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez asumió la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre de 2025 para el segundo año de la actual legislatura. La legisladora de Morena también tendrá la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral en medio de las posiciones encontradas entre los partidos de oposición y los aliados del gobierno. Castillo es arquitecta por la UNAM y ha sido diputada federal y militante fundadora del PRD.

En el ámbito de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos se convirtió el 3 de diciembre en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República para el periodo 2025-2034. Es licenciada en Derecho por la UNAM y anteriormente se desempeñó como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, consejera jurídica de la Presidencia y diputada local.

Otra posición relevante es la de Citlalli Hernández, quien encabeza la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres. Comunicóloga por la UNAM, Hernández ha ocupado diversos cargos legislativos y fue secretaria general de Morena. Desde su actual responsabilidad impulsa políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, además de trabajar en estrategias para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

A nivel estatal también se observa una mayor presencia femenina. Actualmente hay 13 mujeres al frente de gobiernos locales, entre ellas Indira Vizcaíno en Colima, Layda Sansores en Campeche, Clara Brugada en la Ciudad de México, Margarita González Saravia en Morelos, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Delfina Gómez en el Estado de México, Mara Lezama en Quintana Roo, Libia García Muñoz Ledo en Guanajuato y Rocío Nahle en Veracruz. Estas designaciones reflejan el crecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública en el país.

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