¿A quién le afecta que asesinen periodistas? A casi todos. Aunque se diga que no se mata la verdad matando periodistas, lo cierto es que sí se mata, pues cada vez son menos los profesionales dispuestos a arriesgar su vida, su seguridad y la de su familia, con tal de contar lo que algunos no quieren que se sepa, cuando ni las autoridades responden, ni los medios protegen ni la sociedad respalda. México es un país tremendamente malagradecido con sus buenos periodistas, y estamos propiciando un país cada vez más reprimido, cobarde, apático y desinformado.

¿A quién le importa que asesinen periodistas? A casi nadie. Las autoridades repiten una fórmula con cada asesinato de periodistas: Condenar, girar instrucciones, refrendar (sólo con la lengua) el compromiso con la libertad de expresión, y esperar a que masacren a otro para repetir, una y otra vez, hasta el final del sexenio. Las empresas que lucran (y bastante) con el trabajo de los comunicadores a veces ni un espacio relevante les dan en sus medios, basta ver las portadas de los nacionales de hoy. Sólo La Jornada, donde colaboraba la más reciente víctima, Javier Valdez, le dio un tratamiento de portada. Caso aparte son los medios como Animal Político, que encabezó el movimiento #UnDíaSinPeriodismo. Para el grueso de la sociedad es un muerto más, uno de tantos.

En este contexto, apenas un mes después de que fuera asesinada una de las periodistas chihuahuenses más profesionales, Miroslava Breach, su compañero de La Jornada, Javier Valdez, fue asesinado en similares circunstancias en Culiacán, Sinaloa. La primera al salir de su casa, el segundo de su trabajo. Ambos tocaron intereses de narcos y políticos, a fin de cuentas los mismos, y así se suma a la lista negra donde también están Filiberto Álvarez, Ricardo Monlui, Cecilio Pineda y Maximino Rodríguez.

Vamos sacando cifras: durante el gobierno de Vicente Fox les arrancaron la vida a 22 periodistas. Con Calderón la muerte se triplicó y alcanzó a 60 comunicadores. En el sexenio de Peña Nieto van 32. En total, suman 114 desde 2000, aunque los conteos varían, pues a esto hay que sumar más de 20 desaparecidos. Chihuahua encabeza este macabro conteo con 19 profesionales del periodismo aniquilados.

La respuesta de las autoridades ha sido simulación y nada más. Vicente Fox creó, presionado por la matadera y el escándalo internacional, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodista, misma que comenzó a operar hasta el mandato de Felipe Calderón. Fue una unidad sin pies ni cabeza, hecha para taparle el ojo al macho, y con un presupuesto, facultades y voluntad muy por debajo de lo mínimo necesario para hacer frente al problema.

De las 214 denuncias recibidas por este organismo, no se resolvió ¡ninguna! Reformas y mecanismos van y vienen, pero no se reflejan avances en absoluto. Al contrario. Los cárteles y delincuentes en general están cada día más convencido de que matar a un periodista no tiene más consecuencias que matar a un perro. La totalidad de los crímenes permanece en la más indignante impunidad.

A esto hay que sumar aspectos menos escandalosos, pero igual de preocupantes, como el hecho de que tan sólo en 2016 se reportaron 66 amenazas, 80 ataques, 58 secuestros, 43 casos de hostigamiento y 79 episodios de intimidación. Esto, tristemente, es sólo una muestra, pues en realidad los casos son muchísimos más, sólo que por miedo o franca decepción no se denuncian. En Chihuahua y en México es difícil encontrar a un reportero de calle que no haya sido amenazado u hostigado. Si es de la fuente policiaca, seguramente ha librado cuando menos un par de situaciones graves. En Chihuahua la periodista Patricia Mayorga tuvo que huir de su tierra, dejar tirada su vida y esconderse para salvar su vida, pues fue amenazada el mismo día que asesinaron a Miroslava. Todo esto hace de México el país más peligroso del continente para informar, y este título no es ningún orgullo.

En México informar no es un derecho, sino una situación de riesgo en la que algunos mexicanos comprometidos han decidido colocarse para sacar adelante a sus comunidades, las cuáles en vez de respaldarlos les dan la espalda con indiferencia en el mejor de los casos, y en el peor revictimizándolos con frases tan insensibles como “en algo andaría”, “para qué le busca”.

Las empresas mediáticas, a gusto. Lejos de defender a sus trabajadores, se benefician con los más de nueve mil millones de pesos que recibieron sólo en 2016 en publicidad oficial, más tres mil 500 asignados por los estados. Tan sólo en Chihuahua el gobierno de César Duarte gastó tres mil quinientos millones de pesos durante su sexenio, y es esto lo que pelean muchas de las principales empresas mediáticas, no la seguridad o bienestar de sus reporteros, sometidos al abandono institucional, jornadas extenuantes y peligrosas, bajos salarios y a veces ni contrato ni prestaciones reciben.

Por último, volvamos a la sociedad en general, la ciudadanía que recibe, en la mayoría de los casos sin pagar un peso, información sobre el acontecer diario, sobre las transas que se hacen con su dinero, los arreglos con los criminales que asuelan sus colonias, y en general todo lo que ocurre a su alrededor. Pregunte a cualquier chihuahuense el nombre de sus dos o tres reporteros más confiables, y verá que ni sabe. ¿Qué hemos hecho los chihuahuenses en conjunto por proteger a quienes nos informan? NADA.