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PGR pide detener a César Duarte por desvío de 10 mil millones de pesos

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales(FEPADE) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por el desvío de recursos millonarios hacia elPartido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, la Fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario incluso con fines de extradición, si es que se logra en el extranjero.
De acuerdo con información a la que este diario tuvo acceso, como gobernador César Duarte les quitaba 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal.
Según las investigaciones, el ex mandatario habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos a su partido, el PRI.
Se prevé que el próximo viernes se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso por la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua.
Este diario constató que una de las acusaciones contra el ex gobernador Duarte es que quitaba 10% de su salario a servidores públicos para destinarlos al fortalecimiento económico del Revolucionario Institucional.
El PRI en Chihuahua es dirigido desde el 26 de febrero de 2016 por Guillermo Dowell Delgado, quien formó parte del gabinete de César Horacio Duarte como su representante en Ciudad Juárez, cargo al que renunció para encabezar al tricolor chihuahense.
Ayer se confirmó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República, solicitó a un juez federal la detención de Duarte por el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas.
El detalle de la denuncia. La denuncia fue generada por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el PRI en el ámbito local en Chihuahua.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se revisaron las finanzas del estado y se encontró que durante los seis años de la administración del priísta se hacía un descuento mensual a los trabajadores.
La información recabada por este diario señala que a un total de 700 trabajadores del gobierno del estado se les retenía 10% de su salario.
De acuerdo con las fuentes consultadas que tienen acceso al expediente, esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.
Se trataba de una concentración del recurso y después de manera mensual se expedía un cheque, que era depositado en una empresa particular.
El cheque se entregaba al tesorero de dicho instituto político en el ámbito local sin reportarse al INE ni a ningún tipo de instancia.
Entidad investigada. Durante el proceso que se sigue contra el ex director de Administración de Chihuahua, Gerardo Villegas, un testigo protegido reveló en abril pasado que César Duarte desvió 250 millones de pesos para financiar diversas campañas del PRI en 2016.
El Ministerio Público señaló que el testigo protegido acusó que Ricardo Yáñez Herrera, entonces secretario de Educación, y Gerardo Villegas habían tomado los 250 millones de pesos del erario por órdenes de Duarte Jáquez.
Para poder bajar esos recursos, como lo publicó El Universal el pasado 1 de abril, se usaron cuatro empresas mediante contratos para el desarrollo de programas computacionales, cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia.
Un día antes de que se dieran a conocer las revelaciones del testigo protegido se informó que la Interpol había publicado una “ficha roja” de César Duarte, con lo que se activó un protocolo internacional para detener al ex mandatario en cualquiera de los 190 países que forman este mecanismo policial.
El 1 de abril la Fiscalía General de Chihuahua cateó simultáneamente al menos tres propiedades del ex gobernador Duarte, quien cuenta con orden de aprehensión en la entidad y en Estados Unidos.
Apenas el 10 de junio pasado fue detenido el ex auditor de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, por presuntamente haber manipulado el resultado de diversas auditorías a su cargo con el objetivo de encubrir al ex gobernador Duarte.
Esparza Flores renunció a su cargo en enero pasado, tras haber sido acusado en el Congreso local de haber alterado diversas cuentas públicas a fin de ocultar millonarios desfalcos al erario.
El 7 de junio del año pasado, Chihuahua vivió una jornada electoral donde los ciudadanos eligieron nuevo gobernador, renovaron a los integrantes del Congreso del estado y votaron por 67 presidentes municipales e integrantes de cabildos.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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