Periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, expresaron su preocupación por las serias deficiencias que presenta la Iniciativa de Ley de protección para periodistas y personas defensoras, por lo que entregaron una serie de documentos en donde describieron dichas fallas y se presentan recomendaciones y se solicitó que la Ley que se apruebe en el Pleno del Congreso Estatal, cumpla con ciertas características que garanticen la protección a periodistas y personas defensoras.
Ante la presencia del Relator especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la libertad de expresión y opinión, Edison Lanza y Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, periodistas y organizaciones informaron las problemáticas a las que se enfrentan los periodistas chihuahuenses, de violencia y agresión, no sólo por los grupos de poder de facto (narcotráfico), sino por el mismo gobierno, pues en muchas ocasiones los primeros ataques que los comunicadores reciben al realizar su labor investigativa e inquisitoria, son precisamente la difamación y el hostigamiento por parte de funcionarios públicos y en muchas ocasiones, aliados con medios de comunicación.
También se explicó al Relator, cómo trabajan las organizaciones defensoras de derechos humanos: no sólo se debe enfrentar el estigma propiciado por funcionarios públicos, sino el de ser objeto de amplias campañas de desprestigio encabezadas por sus aliados en los medios de comunicación.
Estos ataques pueden escalar hasta la muerte. Y justo hoy que se conmemoran los tres meses del asesinato de Miroslava Breach Velducea, periodistas y personas defensoras de derechos humanos exigieron con énfasis a las autoridades del Estado Mexicano que tomen a su cargo la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Que se cree una Ley que delinee perfectamente las obligaciones de la función pública en las acciones de protección y prevención; que integre medidas de reconocimiento al trabajo de las y los periodistas que son objeto de agresiones, pues el descrédito y la calumnia generan un ambiente en el que parece permisible atacar a personas que con su trabajo permiten a la sociedad el ejercicio de sus derechos humanos.
Asimismo, se observa en la Iniciativa de Ley que hoy se discutió es limitativa y condicionante para las personas que acudan a las autoridades a pedir protección; no contiene estrategias de reconocimiento para el trabajo de periodistas y personas defensoras; no se apega a los marcos legales a nivel internacional; es inquisitiva y desacredita el riesgo denunciado por las víctimas y de manera inaceptable, establece obligaciones y un código de conducta para periodistas y personas defensoras.
Además, la Ley debe abarcar más que la protección a personas defensoras y periodistas: debe reconocer el derecho autónomo de defender los derechos humanos, contemplar el reconocimiento de derechos de estas personas defensoras, así como las obligaciones del Estado.
De acuerdo con la Declaración sobre Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el concepto «defensoras/es» incluye también a trabajadores de medios de comunicación, periodistas, líderes sociales y cualquier otra persona que trabaje por la procuración o realización de un derecho humanos, por lo que la Ley debe ser incluyente y amplia, en el sentido de contemplar la protección para cualquier otro grupo que se encuentre en situación de vulnerabilidad en un momento determinado.
Las y los participantes de la Consulta, rechazaron la creación de un mecanismo local de protección, puesto que ello diluye la responsabilidad de la Federación en el tema e implica la creación de más instancias burocráticas. El Gobierno Federal debe hacerse cargo de las acciones de protección, prevención y garantizar el acceso a la justicia, a las víctimas de agresiones.
Se deben incluir también a la ley, instrucciones claras para organizar toda la estructura del Estado, para que, de ser necesario, la protección esté garantizada a través de la colaboración y la coordinación de todos los niveles de gobierno, con independencia de cuál organismo requiere la implementación de medidas.
Por lo anterior expuesto, las y los periodistas chihuahuenses, así como las personas defensoras de derechos humanos que participaron en esta consulta, a la par, en la Alerta preventiva de protección, solicitaron al Relator especial de la CIDH para la libertad de expresión y opinión y al Representante del Alto Comisionado de la ONU:
· Que él y su equipo brinden asesoría técnica en el tema de regulación oficial.
· Que él y su equipo brinden asesoría técnica en alcance y contenido de campaña en reconocimiento a periodistas y personas defensoras.
· Que se pronuncie en el Foro del Congreso en contra del fideicomiso de periodistas para garantizar la imparcialidad.
· Cabildear el tema de una posible audiencia temática.
· La ley debe tener como finalidad no sólo la protección, sino el reconocimiento a la labor que incluya aspectos como reconocimientos, atribuciones y deberes de funcionarias y funcionarios, así como la erradicación de obstáculos para el ejercicio de su profesión y/o labor.
· Incluir un concepto amplio acorde a otras profesiones, que no límite ni categorice, sino que incluya a cualquier persona que promueva o defienda algún derecho humano.
· Crear desde cero, una nueva iniciativa de Ley que se base en la Ley modelo del International Service for Human Rights.
