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Abre INE la puerta para anular elección en Coahuila

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La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, y quien fuera el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, rebasaron los topes de gastos de campaña, lo que constituye una causal de nulidad de la elección.
De acuerdo con los resultados de la revisión de recursos que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, el priista no reportó 7.8 millones de pesos de sus gastos de campaña, sumando un total de 25.2 millones, por lo que rebasó el tope de 19.2 millones de pesos con seis millones, equivalente al 31 por ciento.
En tanto, el panista no reportó 5.2 millones dentro de sus informes de gastos de campaña, por lo que en total utilizó 24.3 millones de pesos para promocionarse para la contienda electoral del pasado 4 de junio, lo que rebasa en 5.1 millones el tope de gastos, que equivale al 27 por ciento.
Sin embargo, según lo establecido a partir de la reforma político-electoral de 2014, puede proceder la nulidad de una elección cuando el rebase de tope de gastos de campaña supere el cinco por ciento.
De acuerdo con los dictámenes que fueron entregados a los miembros del Consejo General, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, tampoco reportó gastos por 1.2 millones de pesos, pero tampoco implica que haya rebasado el tope, pues sólo utilizó 9.3 millones de pesos para su campaña.
Los dictámenes deberán ser aprobados el próximo viernes 14 de julio por el pleno Consejo General del INE, que deberá notificar a los Tribunales Electorales locales, los cuales están encargados de calificar la elección y en dado caso deberán evaluar la nulidad.
Los partidos y candidatos también podrán impugnar dichos resolutivos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá emitir la determinación final y en su caso definir la realización de un nuevo proceso electoral.
La Unidad Técnica de Fiscalización encontró que en total en las campañas de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, los partidos y candidatos no reportaron 264.4 millones de pesos.
En la elección mexiquense la alianza que postuló a Alfredo del Mazo no reportó 52.2 millones de pesos, por lo que en total gastó 168.2 millones de pesos; mientras que el PAN no reportó 65.2 millones utilizados en la campaña de Josefina Vázquez Mota, que sumó un total de 169.9 millones de pesos.
En el caso de Morena, no informó a la autoridad electoral el uso de 16.1 millones de pesos, que suman 138.4 millones para la campaña de Delfina Gómez, y el PRD no reportó 71.4 millones utilizados en la campaña de Juan Zepeda, que en total gastó 136.8 millones de pesos.
En la disputa por la gubernatura de Veracruz ningún candidato rebasó el tope de gastos de campaña, que fue de 285.5 millones de pesos.
En Nayarit, el gobernador electo Antonio Echevarría García, fue el único en rebasar los topes de gastos de campaña, fijados en 20.4 millones de pesos, pues gastó durante su campaña 20.7 millones, cantidad que se da de la suma de los 13.5 millones que informó y los 7.2 millones que no reportó a la autoridad electoral.

El Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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