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Matrimonio infantil es prohibido en Honduras

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Los legisladores de Honduras votaron por unanimidad para prohibir los matrimonios con niños, por lo que es ilegal en la nación centroamericana que los menores de 18 años se casen, bajo cualquier circunstancia.

La ley aprobada este martes eleva la edad mínima de matrimonio a 18 de 16 años y elimina todas las excepciones para el matrimonio infantil, lo que significa que los menores de 18 años no pueden casarse incluso con el permiso de sus padres.

Belinda Portillo, de la organización de caridad infantil Plan International, dijo que Honduras había «hecho historia» al aprobar la ley en un país donde uno de cada cuatro niños se casa antes de cumplir los 18 años.

«La lucha contra el matrimonio infantil es una manera estratégica de promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres en diversas áreas, como la salud, la educación, el trabajo, la libertad de la violencia», dijo Portillo, directora del grupo en Honduras.

La aplicación de la ley será más difícil en las comunidades indígenas y en las zonas rurales pobres de Honduras donde el matrimonio infantil es más frecuente, dicen los activistas.

Frecuentemente impulsado por la pobreza y la aceptación cultural, el matrimonio infantil suele involucrar a una niña que se casa con un hombre mayor y priva a las menores de educación y oportunidades, manteniéndolas en la pobreza.

Cada año, más de 15 millones de chicas de todo el mundo se casan antes de cumplir los 18 años, dice el grupo de campaña Girls Not Brides.

Los expertos dicen que las novias menores son más propensas a ser víctimas de abuso sexual y doméstico y convertirse en madres adolescentes. El embarazo y las complicaciones del parto son la principal causa de muerte para las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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