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México

¿Qué tenían las pastillas para adelgazar que provocaron la muerte de una mujer en Monterrey?

Hace unos días comentamos el caso de Lucero Priscila Garza, una mujer de Monterrey, quien a través de internet y sin una receta médica de por medio, adquirió unas pastillas para adelgazar, mismas que terminaron por provocarle una serie de complicaciones de salud que derivaron en un accidente cerebrovascular y, finalmente, su muerte. ¿Pero sabes realmente qué contenían las pastillas?
Para empezar, el producto se llama Avitia Cobrax y desde el 2014 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prohibe su comercialización en nuestro país porque, al igual que otros suplementos alimenticios, se considera que contiene elementos que ponen en riesgo la salud de sus consumidores.
Por otra parte, a pesar de esta prohibición, desde hace tiempo las pastillas han encontrado un nuevo nicho de venta a través de internet en páginas como Mercado Libre y Facebook, donde es posible comprarlas por un costo que varía entre los mil y los mil 500 pesos, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido detener su comercialización clandestina en el país.
En ese sentido, las pastillas se ofrecen como “un método natural” para ayudar al consumidor a bajar de peso rápidamente y en su etiqueta el producto señala que ayuda a quemar calorías “por medio de calor, reduciendo el porcentaje de grasa corporal sin reducir músculo”.
A continuación te compartimos la lista con los ingredientes que contienen las pastillas y, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León (SSNL), se iniciará una investigación para encontrar a los responsables de este suceso.
Ácido alfa lipóico
Ácido linoleico conjugado
Vitamina C
Minerales
Té verde
Hipofosfito de calcio
Ribosa
Citrato de potasio
Melón amargo
Flor de jamaica
Miristato de calcio
Jengibre
Resveratrol
N. acetil cisteína
Pingüica

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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