Los cinco gobernadores fronterizos, reunidos en Chihuahua para la cuarta mesa de trabajo de la Alianza Política de los Gobernadores de la Frontera Norte, condenaron la eliminación dentro del Presupuesto de Egresos 2018, de los fondos para programas de atención a migrantes, en perjuicio de los 21 millones de habitantes de esta zona.
Francisco García Cabeza de Baca, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Jaime Rodríguez Calderón y Claudia Pavlovich, gobernadores de Tamaulipas, Baja California, Nuevo León y Sonora, respectivamente, analizaron junto al mandatario chihuahuense, concentrados en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno de Chihuahua, la postura antiinmigrante de Estados Unidos.
Rolando García Martínez, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), Monserrat Iglesias, directora general adjunta de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), acompañaron la reunión.
Con ellos, también asistieron, Raúl Medina Llanes en representación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Eunice Rendón experta en migración y seguridad, así como Gustavo Madero Muñoz, coordinador de Gabinete y debatieron la urgencia de modificar la coordinación en la frontera y la asignación de recursos fiscales para esta región.
La intención es establecer el ejercicio del recurso en todos los municipios de cada entidad fronteriza y no únicamente en los físicamente colindantes, además de que el componente de autoempleo pueda sea aplicado por organizaciones de la sociedad civil y que los recursos a los estados, sean otorgados en los primeros tres meses del año, en lugar de que sea en diciembre como ahora.
En ese sentido, Javier Corral, puntualizó que los fondos de apoyo a migrantes, tuvieron una reducción de 263 millones de pesos en Chihuahua y de 37 millones de pesos globalmente con los seis estados incluidos, de 2016 a 2017.
La misma suerte corrieron los recursos correspondientes al Fondo para Fronteras, cuyo recorte también en el último año fue de 144 millones 256 mil 617 pesos en Chihuahua y 850 millones de pesos en conjunto.
“Los estados de la frontera norte siempre hemos resguardado a la nación mexicana y somos solidarios anfitriones de nuestros compatriotas que regresan de Estados Unidos u otros estados a trabajar, pero las amenazas de Donald Trump continúan latentes”, alertó el mandatario chihuahuense.
Recordó que Trump, tan sólo en la semana pasada, decidió dar marcha atrás a la vigencia del DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que protegía a indocumentados que llegaron como menores de edad y cuya población se estima en 600 mil mexicanos.
Bajo tal contexto, Corral consideró que la decisión tomada por el presidente norteamericano y que podría avalar el Congreso de Estados Unidos, se hizo como medida de presión para renegociar el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y es una falta de respeto a los derechos humanos.
Por ello, expuso que en esta cuarta mesa de trabajo insistieron en la demanda a la Federación, para que sea consciente de las características y retos particulares enfrentados por la frontera norte de México y aumente sustantivamente el Fondo para Fronteras y el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM).
De igual manera, los gobernadores fronterizos han exigido que no sean reducidos los fondos del Fasp, Fortaseg y Fortamun, además de su inclusión en la estrategia de zonas económicas especiales y aspectos del TLCAN, abundó.
Javier Corral, agregó que otro de los objetivos más importantes dentro de la agenda de esta Alianza Política de los Gobernadores de la Frontera Norte, es que el Gobierno Federal apoye el fortalecimiento de las capacidades de seguridad nacional e internacional, en la línea divisoria de 3 mil 180 kilómetros compartidos con Estados Unidos.
Una propuesta es que los Estados firmen un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para dotar a agentes estatales capacitados, con armamento de grueso calibre asegurados a grupos delictivos, por la Procuraduría General de la República (PGR).
