Desde principios del 2016 la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique , acudió a la justicia federal a interponer un amparo, ya que se suspendieron las obras de construcción de una red de agua potable en beneficio de dicha comunidad a cargo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). Las obras se ejecutaban con recursos federales a través de la Delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El Juicio de Amparo Indirecto se instauró en el Juzgado 8º de Distrito de la Ciudad de Chihuahua por la violación al derecho constitucional y humano de acceso al agua potable.

Inicialmente se demandó a la JASC, a la Comisión Nacional del Agua, al Presidente de la República y al Gobernador del Estado; sin embargo, más adelante se amplió la demanda en contra de la Comité de Regulación y Seguimiento de Infraestructura Indígena, la Delegada Estatal de la CDI y Ricardo Orviz Blake, como tercero perjudicado.
La cuestión es que Ricardo Orviz Blake, junto con Omar Bazán Flores, Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, se ostentan como “propietarios” de las tierras donde se asienta tradicionalmente la comunidad de Mogótavo.

Los supuestos propietarios, al comparecer al Juicio, señalan por conducto de sus apoderados, que la comunidad de Mogótavo no existe, que no tienen necesidad de agua potable y que están invadiendo sus tierras. Esto, en total contradicción al reconocimiento que la CDI y el Gobierno del Estado y habían hecho de la existencia de la comunidad de Mogótavo y de su posesión ancestral, pues gracias a ello fue autorizado el proyecto de construcción de abastecimiento de agua potable, que llevaba ya más del %50 de avance al tiempo de su suspensión debido a la oposición de dichos “propietarios”.

La posición que han asumido dichos personajes ha sido discriminatoria al considerar necesario acreditar su calidad indígena, su calidad como comunidad, así como la calidad de su posesión en el territorio donde se construye la red de agua potable.
La comunidad de Mogótavo eleva su voz y está en pie de lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos y ante la opinión pública reclama a las autoridades gubernamentales garantizar el
derecho al acceso de agua potable que representa un medio de subsistencia y de una vida sana y digna.
Se hace un llamado a los que se ostentan como “propietarios” para que reconozcan la realidad de la comunidad de Mogótavo, del territorio que tradicionalmente poseen y del derecho que tienen de acceder al agua potable.