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México

‘Parecemos limosneros’, dice diputado panista sobre análisis del presupuesto

La Cámara de Diputados se encuentra en el proceso de análisis del paquete económico del 2018, cuya Ley de Ingresos ha sido aprobada.

Mientras las negociaciones se concentran en las cúpulas de las fracciones parlamentarias que dialogan con la Secretaría de Hacienda (SHCP), gobernadores y si acaso presidentes municipales, el ánimo entre algunos legisladores, en particular de la oposición, no es el mejor.
El diputado Santiago Torreblanca, integrante de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), fue muy claro al expresar su sentir respecto al hecho de que año con año, se tenga que rogar por los recursos públicos.

Durante la reunión que la Comisión de la Ciudad de México llevó a cabo este jueves 19 de octubre, donde discutían con el secretario de Finanzas de la Ciudad de México las previsiones del reparto presupuestal en 2018, en particular para la capital, Torreblanca Engel dijo sin mayores rodeos, que los diputados parecen “limosneros”.

“Todos los años estamos aquí limosneando aquí todos los partidos, parecemos limosneros. Por qué no todos los diputados, no solo los del frente, no nos abocamos a firmar una iniciativa, firmada por nosotros y que establezca al fórmula para establecer el Fondo de Capitalidad, porque esto no es posible. No es ni digno ni equitativo políticamente porque, no nos hagamos tontos, es una medida de presión del Gobierno Federal”, abundó.

Por separado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Vidal Llerenas, reprobó que los dictámenes, al menos el de la Ley de Ingresos, no hayan sido elaborados por los congresistas sino por el equipo de la Secretaría de Hacienda, lo cual calificó como poco serio e indigno para el Legislativo.

En términos políticos, criticó que la actitud aguerrida de las bancadas del Frente Ciudadano por México, que para casos como el del “pase automático” a la Fiscalía General cerraron filas y casi cierran la Cámara, se haya diluido al momento de hablar del reparto de dinero.

Tal y como sucedió con el empuje para destinar recursos a la reconstrucción del país, después de los sismos de septiembre.

“Aquí se acaba la crítica a la tóxica reforma fiscal del PAN, toda esa reforma fiscal está en a Ley de Ingresos. Aquí se acaba la crítica a la transparencia en el uso de los excedentes, no hay nada que limite el uso de los excedentes en esta Ley. Como tampoco hay beneficios fiscales a los damnificados del terremoto, los hay solamente por las donaciones”, aseveró.

En tanto, diputados del Frente Ciudadano, como el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano también reconocieron que la definición de los Ingresos no los dejó satisfechos, pero aun así votarían a favor.

“No estamos satisfechos desde luego, como lo decía, con lo que tiene en su conjunto. Pero seguiremos luchado y habrá correlaciones de fuerzas, espero que pronto sean suficientes para que le demos un vuelco a muchas cosas”, expuso.

El vicecoordinador económico de la fracción del PAN, Armando Rivera, externó la inconformidad de sus compañeros, ya que la negociación no es alcanzó para quitarle lo “tóxico” a la política fiscal del país.

Sin embargo, dijo que el panismo determinó votar a favor en lo general, porque se integraron a la Ley de Ingresos medidas fiscales como diferimientos de pagos de IVA e Impuestos Especiales en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); estímulos en cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y facilidades para los importadores de combustibles.

Todo ello no será suficiente, atajó Rivera Castillejos, pero aportará recursos para quienes resultaron afectados por los sismos.

El diputado del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez también manifestó su inconformidad con el papel que los diputados y diputadas jugaron en la definición del paquete económico, donde los “legisladores” fueron, en los hechos, el Presidente de la República y la Secretaría de Hacienda.

En contraparte, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se mostraron optimistas en el discurso y en defensa del paquete económico propuesto por el Gobierno Federal, dijeron que permitirá hacer frente a los retos de la reconstrucción, mantener la estabilidad financiera e incluso comenzar a bajar la deuda.

El diputado Yerico Abramo conminó a la oposición a dejar “los falsos discursos, la grilla barata” y aprobar las propuestas del Ejecutivo Federal, así como los ajustes a los Ingresos, previamente pactados por los líderes de sus respectivas bancadas.

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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