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México

Los partidos deben multas por 405 mdp; arrastran pasivos de 3 años

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Los nueve partidos políticos arrastran una deuda de 405.3 millones de pesos por concepto de multas de los años 2015, 2016 y lo que va de 2017.

Y, además, tienen en puerta la aplicación de sanciones por 536.5 millones de pesos por irregularidades en los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en lo que se refiere a gasto ordinario.
En su sesión del 22 de noviembre, el Consejo General del INE determinará el monto de las sanciones, de acuerdo con lo que se propone en los dictámenes. PRI, PT y Morena serán los más multados.

Una vez que el INE determina una sanción, también define la forma de pago. En algunos casos ordena que se descuente el 50% de la sanción en dos pagos, una vez que queda firme o, en cierto porcentaje mensual, hasta cubrir el total de la multa.

Adeudan 9 partidos 405 mdp en multas

El PRI debe pagar 114.9 millones de pesos mientras al Verde le resta cubrir 87.6 millones.

Los nueve partidos políticos con registro deben 405.3 millones de pesos en multas, según los dictámenes de ingreso y gasto ordinario 2016 que discutirá el Consejo General del INE el próximo 22 de noviembre.

Esta cifra es por deudas de multas de 2015, 2016 y lo que va de 2017.

En el dictamen se establecen los elementos para determinar la capacidad económica que tendrán los partidos para enfrentar las sanciones por 536.5 millones de pesos que se discutirán en la próxima sesión.

Los elementos son ingresos de los partidos y adeudos por multas impuestas por el INE, tanto en el ámbito local, como en el nacional.
En este sentido, destaca que el INE reporta ingresos, sólo de recursos públicos de los partidos, por siete mil 168 millones.

En el desglose de las cifras, el PAN recibió en total, por recursos públicos federales y locales, mil 597.8 millones de pesos y le debe al INE 3.4 millones.

En el caso del PRI, partido que recibió la mayor cantidad de dinero, los ingresos suman mil 949.1 millones de pesos y debe al INE y a los Órganos Púbicos locales 114.9 millones de pesos.

El PRD recibió en ingresos 851.5 millones de pesos y sus adeudos suman 62.4 millones de pesos.

Al PT le tocaron 369.2 millones y aun adeuda 22.6 millones en sanciones.

El Partido Verde tuvo 644 millones de pesos en ingresos y le resta pagar 87.6 millones mientras Movimiento Ciudadano recibió 590.7 millones y le faltan 14.3 para cubrir el saldo.

Partido Nueva Alianza percibió ingresos por 423.7 millones de pesos y le faltan 19 millones para cubrir sus multas.

Morena ingresó este año 399.9 millones de pesos y debe 70 millones en sanciones, mientras Encuentro Social adeuda 11.1 millones de pesos, con un ingreso para este año de 343.5 millones.

Estas cifras, hay que recordar, sólo son de financiamiento público, faltaría sumar el financiamiento privado que cada partido logró obtener en el año a nivel local y federal.

Una vez que el INE determina una sanción, también define la forma de pago de la misma. Por ejemplo, en algunos casos ordena que se descuente 50 por ciento de la sanción en dos pagos, una vez que queda firme ante el Tribunal Electoral, o, en cierto porcentaje mensual, hasta cubrir el total de la multa.

Para el próximo 22 de noviembre, discutirá si impone multas por irregularidades en los informes de ingreso y gasto de los partidos, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en lo que se refiere a gasto ordinario.

El PRI encabeza las multas más altas con 103.6 millones de pesos como suma de las sanciones de su Comité Nacional y los Comités estatales de las 32 entidades del país.

Le sigue el Partido del Trabajo con 98.5 millones de pesos y en tercer lugar Morena con 96.1 millones de pesos en sanciones.

El cuarto lugar lo ocupa el PRD CON 77.2 millones, el PAN 67.6 millones, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social con 29.1 millones cada uno, el Partido Verde pagaría 19.5 millones.

El partido con menos sanciones sería Nueva Alianza, con 15 millones de pesos.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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