Las medidas de la Ley de Seguridad aprobadas por la Cámara de Diputados y enviadas al Senado, son las siguientes:
A las fuerzas estatales y federales y, en casos excepcionales, a las Fuerzas Armadas corresponderá la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.
Las Fuerzas Armadas podrán intervenir cuando las autoridades civiles se vean rebasadas en el combate al crimen.
A petición de legislaturas estatales o Gobernadores, el Presidente podrá ordenar la participación de las Fuerzas Armadas en un territorio por casi 12 meses y será el único que tendrá la decisión de prolongar la estadía de elementos en casos excepcionales.
Las Fuerzas Armadas podrán actuar de manera inmediata, luego de la orden emitida por el Presidente en situaciones de emergencia nacional, sin requerimiento alguno.
No serán consideradas como amenazas a la seguridad interior las protestas sociales o con motivos político-electorales.
En todo momento, las autoridades deberán respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Las Fuerzas Armadas, en casos de no emergencia, sólo podrán intervenir en un territorio mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Para la coordinación y ejecución de las acciones de seguridad, la Secretaría de Gobernación será la encargada de implementar esquemas de colaboración.
Autoridades federales tendrán la obligación de cumplir con políticas, programas y acciones de prevención que atiendan el Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.
1.A propuesta del secretario técnico, La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es aprobada anualmente por el titular del Ejecutivo en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.
2. La ANR identifica alertas y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones.
Esta Ley de Seguridad Interior fue cuestionada por la Oposición y ONGs porque consideran que es necesaria, sin embargo, da discrecionalidad al poder Ejecutivo en el uso de fuerzas armadas, comentó Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad Sin Guerra en entrevista con Azucena Uresti en el noticiero de MILENIO Televisión.
Sin embargo, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales y el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez afirmaron que las medidas de esta Ley no pretenden militarizar el país ni las instancias de gobierno serán sustituidas por las fuerzas armadas en la lucha anticrimen.
El vocero de presidencia señaló que en el 2016, sólo procedieron 44 quejas de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que calificó como «absurdo» las críticas sobre la militarización del país.
Por su parte, Sales detalló que el objetivo de la Ley es generar policías estatales y municipales capaces de combatir al crimen organizado sin el apoyo del Ejército y la Marina.
De acuerdo con Milenio, el comisionado puntualizó: «además de dar certeza jurídica a Ejército y Marina que participan en el combate a los grupos delincuenciales, el objetivo es apoyar a las autoridades locales a través de mecanismos y plazos bien definidos cuando se declaren incapaces de hacerlo».
Mientras tanto, el analista Juan Ibarrola, comentó que México «ya está militarizado», porque quienes hacen la seguridad pública, atienden desastres naturales, campañas de reforestación, de salud y de alimentación, son los soldados.
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