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México

Con voto secreto, el Senado elige al nuevo titular de la Fepade

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Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños fue elegido como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido.

Con 93 votos a favor y siete abstenciones el Senado eligió a Díaz Castaños, quien de inmediato rindió protesta ante el pleno.
La votación del nuevo fiscal se hizo por cédula, lo que permite votar en secreto a los legisladores. Santiago Nieto fue elegido con votación pública, en tablero.

El nuevo fiscal electoral fue coordinador de asesores durante la gestión de María de los Ángeles Fromow al frente de la Fepade, y quedó entre los finalistas del proceso que se desarrolló hace unos tres años en el que fue electo Santiago Nieto Castillo como fiscal.

El pasado 20 de octubre, Alberto Elías Beltrán, titular interino de la PGR removió a Nieto como fiscal electoral con el argumento de que había violado el código de ética de la institución al revelar datos a un medio de comunicación sobre la investigación que seguía al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, por supuestos sobornos de recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

El 23 de octubre, Nieto denunció presuntas irregularidades en su remoción como fiscal electoral y pidió en un carta la intervención del Senado de la República para objetar su destitución.

El Senado acordó citar en el pleno al exfiscal electoral y Alberto Elías Beltrán para que dieran sus argumentos sobre la remoción del primero. Después los senadores votarían si regresaba o no a la fiscalía. Sin embargo, el 27 de octubre Santiago Nieto, retiró su objeción a la remoción como titular de la Fepade. En una carta dijo que ya no había condiciones para su regreso a la Fiscalía.

Quién es el nuevo fiscal
Es licenciado en Derecho, Universidad de Guadalajara; doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y posgrado en Técnicas de investigación Social en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina.

En su labor académica ha desarrollado proyectos y asesorías para instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. En México para el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF, la Fepade, el Conacyt, la Presidencia de la República, OEA, PNUD y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Colaboró como consultor externo en diversos procesos de reforma electoral en varios estados del país y en el extranjero, entre ellos: Chile y República Dominicana.

En su comparecencia previa ante la Comisión de Justicia, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños expuso que las nuevas expectativas de dicha instancia son ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en la prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral.

Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país.

Recalcó que con autonomía de normatividad y de ejercicio la Fepade podría responder a la demanda social e impedir que sus resoluciones estén sesgadas por una dependencia o por alguna autoridad.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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