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Política

Diputados proponen aumentar sanciones a extorsionadores

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia analiza una propuesta para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal federal, a fin de imponer sanciones inconmutables de cinco a ocho años de prisión, y multas de 300 a 500 días, a quienes cometan el delito de extorsión.

La propuesta en estudio señala que incurrirá en extorsión, quien mediante amenazas de causar daño físico usando armas o instrumentos peligrosos o bien, equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma, obligue a otros a dar una cantidad de dinero para evitar daños y perjuicios, a fin de obtener un provecho indebido para sí mismo u otras personas.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Taja, refirió que la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia en el país.

Indicó que, en 2016, se cometieron más de 31 millones de extorsiones, que implicaron pérdidas económicas por mil 104 millones de pesos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que, en México, se registran ocho mil 945 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, apuntó.

Ese estudio revela que el 95.6 por ciento de los delitos de ese tipo se cometen vía telefónica y desde centros penitenciarios, lo que habla de la operación de la delincuencia organizada en dichos sitios; aunado a que el 4.4 por ciento de esas acciones delictivas surtieron efecto, pues implicaron el pago a los extorsionadores.

Por lo anterior, el diputado Taja Ramírez propuso modificar la ley que contempla ese delito, a fin de adecuarla a las actuales circunstancias e inhibir de manera más efectiva esa conducta y sus distintas modalidades.

México

Sheinbaum defiende el debido proceso ante señalamientos contra Adán Augusto: “No habrá linchamientos políticos”

La presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio sobre las recientes acusaciones en contra del senador Adán Augusto López, rechazando lo que calificó como un “linchamiento político” sin pruebas contundentes, y subrayando que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco permitirá juicios mediáticos.

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum respondió a la polémica en torno al exsecretario de Gobernación, quien ha sido vinculado públicamente con Hernán Bermúdez Requena, exjefe de Seguridad Pública en Tabasco y hoy prófugo, presuntamente ligado al grupo delictivo “La Barredora”.

La mandataria afirmó que cualquier acusación debe ir acompañada de evidencias claras y una denuncia formal. “Aquí no se cubre a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se juzgue sin pruebas”, recalcó. Aclaró además que no existe, hasta ahora, ninguna investigación abierta contra el senador, aunque enfatizó que si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos, debe proceder conforme a la ley.

Sheinbaum confirmó que mantiene comunicación con Adán Augusto en su calidad de senador, pero acotó que esas conversaciones se centran únicamente en temas legislativos y no personales. Detalló que durante los periodos ordinarios del Congreso se reúne cada lunes con él y con Ricardo Monreal para revisar avances de leyes aprobadas o pendientes.

La controversia cobró fuerza tras la aparición del senador en el Consejo Nacional de Morena y la difusión de una supuesta carta de renuncia, que resultó ser falsa. En medio del revuelo, Sheinbaum fue clara al señalar que los casos como el de Adán Augusto no son equiparables al de Genaro García Luna, exfuncionario calderonista sentenciado en EE.UU. por narcotráfico.

Aseguró que el caso de Bermúdez Requena sí cuenta con una carpeta abierta y una orden de aprehensión vigente, pero hasta el momento no hay pruebas que impliquen directamente a Adán Augusto en actividades delictivas. Aun así, reiteró que cualquier persona, sin importar su militancia o cargo, será investigada si hay pruebas.

“No estamos de acuerdo con el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad. Esa será nuestra posición siempre”, concluyó.

La presidenta cerró su posicionamiento reiterando el compromiso de su administración con el estado de derecho, dejando claro que en México la justicia no se aplicará por presión política ni por escándalos mediáticos, sino por evidencia concreta y procesos legales.

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