En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia analiza una propuesta para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal federal, a fin de imponer sanciones inconmutables de cinco a ocho años de prisión, y multas de 300 a 500 días, a quienes cometan el delito de extorsión.

La propuesta en estudio señala que incurrirá en extorsión, quien mediante amenazas de causar daño físico usando armas o instrumentos peligrosos o bien, equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma, obligue a otros a dar una cantidad de dinero para evitar daños y perjuicios, a fin de obtener un provecho indebido para sí mismo u otras personas.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Taja, refirió que la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia en el país.

Indicó que, en 2016, se cometieron más de 31 millones de extorsiones, que implicaron pérdidas económicas por mil 104 millones de pesos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que, en México, se registran ocho mil 945 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, apuntó.

Ese estudio revela que el 95.6 por ciento de los delitos de ese tipo se cometen vía telefónica y desde centros penitenciarios, lo que habla de la operación de la delincuencia organizada en dichos sitios; aunado a que el 4.4 por ciento de esas acciones delictivas surtieron efecto, pues implicaron el pago a los extorsionadores.

Por lo anterior, el diputado Taja Ramírez propuso modificar la ley que contempla ese delito, a fin de adecuarla a las actuales circunstancias e inhibir de manera más efectiva esa conducta y sus distintas modalidades.