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Demandan en EU por vacíos en bases de datos de armas

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Tres ciudades estadunidenses presentaron este martes una demanda acusando al Departamento de Defensa de no incluir a muchos militares inhabilitados para portar armas en la base de datos policial.

La demanda, presentada por Nueva York, San Francisco y Filadelfia argumenta que esa falla permitió la masacre de 26 personas en una iglesia en Texas el mes pasado.
Las agencias policiales regionales y municipales dependen de la base de datos nacional mantenida por el FBI para regular las ventas de armas y evitar que caigan en manos de personas con pasado criminal.

Por lo cual, la base de datos tiene que estar actualizada para poder ser eficaz, señala la querella.

La queja, presentada en el tribunal federal de Alexandria, Virginia, pide un recurso de amparo y mayor control de los tribunales para obligar al Departamento de Defensa a cumplir la normativa de entregar la información relevante.

Añade que las fallas en el Departamento de Defensa permitieron matanzas como la perpetrada por Devin P. Kelley, quien fue miembro de la Fuerza Aérea y quien había sido convicto de agredir a familiares y por lo tanto estaba inhabilitado para comprar un arma.

Debido a que no había información que lo descalificara en la base de datos, Kelley pudo comprar un fusil y matar a 26 personas el 5 de noviembre en una iglesia en Sutherland Springs, Texas.

Jefes de la Fuerza Aérea admitieron que el servicio no reportó debidamente al FBI los antecedentes penales de Kelley y que hubo varias docenas de problemas similares.

Agregaron que el procedimiento estaba en su normativa, pero hubo fallas en el cumplimiento y en el entrenamiento del personal; el Ejército también admitió que tuvo fallas en esa área.

Las agencias policiales regionales y municipales dependen de la base de datos nacional mantenida por el FBI para regular las ventas de armas y evitar que caigan en manos de personas con pasado criminal.

 

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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