Estados Unidos decidió este lunes no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250 mil salvadoreños beneficiados por este programa, según adelantó el diario The Washington Post.
Está previsto que este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncie si cancela o prorroga el TPS en una llamada de prensa, una decisión que afecta a un total de 263 mil 282 salvadoreños.
Sin el programa, estos salvadoreños tendrán que volver a su país de origen, la mayoría tras alrededor de 20 años en Estados Unidos, tratar de buscar otra vía para su regularización o arriesgarse a la deportación si se quedan como indocumentados.
Según el Post, el plazo que el gobierno del presiente Donald Trump dará a los salvadoreños acogidos al TPS para abandonar el país o para buscar otra manera de obtener la residencia legal es septiembre de 2019.
El gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como el gobierno hizo con el programa para los hondureños.
Sin embargo, el ejecutivo de Trump, según el Post, ha decidido aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar con el programa para los salvadoreños, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.
Estados Unidos decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores huracanes que sufrió ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes, en los años 1980 y 1990, huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.
Bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), el Congreso de Estados Unidos estableció un procedimiento que permite al gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales: el TPS.
Ese permiso no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tienen que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados.
El argumento de los defensores de mantener el TPS 17 años después de los terremotos por los que fue otorgado es que las condiciones en El Salvador, con alta pobreza y criminalidad, no han mejorado para que sus emigrantes en Estados Unidos regresen.
Pero además, recuerdan que más del 51 por ciento de los salvadoreños con TPS han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.