Opinión

Precampañas 2018: Fotografía de la inmadurez electoral en México

“Cuando se alza un poder ilegítimo, para legitimarlo basta reconocerlo”

Carlos Toulet Medina

Me levanté el lunes pasado comulgando con una declaración anterior de El Bronco, refiriéndose “ventajosamente” al recurso público (monetario y no) destinado a los precandidatos de partidos políticos para el proceso electoral de este año.
Lo recordé y refiero ya que, al finalizar el nefasto periodo de precampañas, la conclusión de su servidor después de escuchar y analizar las estrategias de los 3 que juegan al momento, la ideología es -y muy seguramente seguirá siendo- el gran ausente en la mesa de argumentos que construyen el criterio del electorado.
Traigo varias horas de nomás no hallarme…
Y es que los componentes ideológicos de nuestro sistema electoral se gestionan en negociaciones políticas que privilegian a unos pocos -los de siempre- y se someten a expectativas de falsos triunfos.
¿A qué me refiero?
A que estaría bueno entender si en verdad los 3 “precandidatos” formales y próximos candidatos a la Presidencia de la República, son de verdad favorecidos por el conocimiento, entendimiento y sentir de la población en México.
Pretender que esos tres personajes engloban el sentir ideológico del pueblo mexicano es muy mezquino.
Más complicado e incomprensible es entenderlo cuando según la progresía millennial, existen incentivos para la división de opiniones tales como: seguridad; desigualdad; corrupción; segmentación social; rezago cultural; equidad de género; racismo; entre muchos otros.
Antecedentes negativos ante estos conceptos, los 3 tienen. Las propuestas oportunistas ante ellos están a la orden del día -y con errores graves-.
No existe a mi gusto y dentro de estos 3, una figura que dignifique la política actual y que, en su perfil, más allá de su discurso, llame a la unidad y consenso en temas prioritarios.

Rebasar por la derecha se empieza hacer costumbre. Lo radical y contradictorio de las propuestas y visiones expuestas al momento, son por demás mustias y no ayudan a mitigar la falta de criterio del electorado.
Sin criterio, un elector define su voto influenciado más por aspectos de carácter emocional que por aquellos de naturaleza racional. Las ideas con fondo y forma no permean como debieran en la sociedad.
Hoy encontramos que la mayoría de los constructores de opinión, disfrazados de objetividad y con una notoria hemiplejia moral, llaman a la sociedad a construir este criterio -a favor o en contra- de los contendientes a la presidencia, sin entender que el debate político y la oferta marquetera no alimenta experiencias, sino productos.
Hoy se ignora y desestima con falsa rigurosidad intelectual y ética, el trabajo de quienes SI, durante meses de estudio y análisis, desmenuzan los problemas del país para proponer políticas públicas que beneficiarían al país. Se les pone por debajo de posturas electoreras baratas e intrascendentes buscando adquirir aceptación social.
Al cliente lo que pida, así está el mercado.
Entonces la crítica de que los procesos electorales transcurren ayunos de ideologías fuertes tiene su fundamento en la premisa de que el electorado obtiene lo que merece.
Para revertir esa realidad y alcanzar el objetivo de un voto mayoritariamente racional y de verdad útil, se requiere de una importante inversión del Estado para mejorar nuestra incipiente cultura política y cívica, acompañado por un esfuerzo para mejorar la calidad de nuestro modelo educativo, porque, aunque todos estamos expuestos a ser manipulados emocionalmente, lo cierto es que esa posibilidad aumenta cuanto mayor es el vacío educativo del ciudadano.
Ojalá y la razón nos adopte un día como país. Ojalá algún día rompamos las estúpidas barreras mentales y todo aquello de lo que somos presos. En ese momento la inercia pondrá en las boletas a los verdaderos merecedores del voto y a quienes, en conjunto, podamos arropar en un proyecto de país y un gobierno incluyente.
Como sociedad somos corresponsables, pero no se nos pueden pedir madurez electoral. Me gustaría imaginar que nosotros también estemos hartos de seguir siendo incrédulos e irresponsables con el voto.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.