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Sudáfrica inicia la investigación por los asesinatos de los mineros

JOHANESBURG0, Sudáfrica (CNN) — Una comisión sudafricana encargada de investigar el asesinato de decenas de mineros en huelga por la policía inició el proceso con un minuto de silencio y la lectura de los nombres de las víctimas.

El presidente Jacob Zuma ordenó la investigación de los asesinatos, uno de los peores ataques desde el fin del apartheid en 1994.

El proceso se encuentra abierto al público, excepto en los casos en que las autoridades creen que la justicia se verá minada, dijo la comisión en un comunicado.

Durante los siguientes dos días la comisión estudiará cómo se desarrollaron los hechos. Sus integrantes planean visitar el asentamiento donde vivían los mineros para evaluar las condiciones.

Las huelgas comenzaron en agosto en las minas de platino Lonmin Marikana en el noroeste del país.

La policía abrió fuego contra los manifestantes el mismo mes matando a 34 trabajadores. Adicionalmente 10 personas murieron en las protestas, entre ellas dos agentes de policía.

Los trabajadores de la mina Weekslong terminaron su huelga el mes pasado después de aceptar un aumento salarial de hasta el 22%.

Grupos de derechos humanos piden transparencia y equidad en el proceso.

«Los poderes de la Comisión para investigar la muerte de 44 personas cerca de la mina Lonmin Marikana en agosto deben ser aclarados para garantizar la justicia de todos los afectados», dijo Amnistía Internacional en un comunicado la semana pasada.

Amnistía expresó su preocupación por la seguridad de los testigos y si la comisión tiene recursos suficientes para apoyar a aquellos que proporcionan evidencia para la investigación.

Muchos testigos potenciales pueden necesitar apoyo financiero para participar en la comisión, entre ellos «asesoría jurídica y el transporte», dijo Amnistía.

La comisión vigilará la conducta de Lonmin, la policía sudafricana y los sindicatos de trabajadores durante las huelgas. Tendrá la facultad de emitir citatorios y realizar búsquedas.

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México

Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

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