Opinión

Anticorruptelas escenográficas. Por Javier Valero

Published

hace 8 años

Mar 19, 2018

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A más de uno de los lectores le podrá parecer exagerada la comparación, pero de esas dimensiones es lo que hoy sucede en el Estado Grande.

Primero establezcamos que, de acuerdo con la nueva legislación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) debe contar con un Comité Coordinador, encabezado por el Presidente del Comité Ciudadano, e integrado por el Auditor Superior del Estado; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y el Comisionado Presidente del Ichitaip.

Sus funciones y facultades son muchas y variadas, pero fundamentalmente la del “diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan… La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno…”. Art. 187 Constitución de Chihuahua.

Sorpresivamente, el miércoles fue convocada la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CC-SEA), a realizarse el jueves por la mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Para esa instalación no fue convocada la vocera -e integrante- de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano, Olga Ponce, a la cual pertenece el presidente del CC-SEA.

La convocatoria se hizo en momentos por demás difíciles para la buena marcha de varias instituciones del gobierno de Chihuahua.

Por una parte, el amparo otorgado a Rodolfo Leyva que lo restituye en la presidencia del Ichitaip, que aún está pendiente de resolverse en definitiva pues Alejandro de la Rocha -quien fuera nombrado presidente, luego de la ilegal destitución de Leyva- tiene derecho a presentar una revisión del amparo otorgado a Leyva; y, por otra, las resoluciones pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalidad, o no, de la destitución de Gabriel Sepúlveda en la presidencia del TSJ y las de las facultades e integración del Consejo de la Judicatura.

Sin adelantar en qué sentido se dieran tales resoluciones, lo cierto es que existe, sobre esas instancias, un velo de incertidumbre.

Bueno, pues ese es el escenario. Ahora, imaginemos por un instante que el ganador de las elecciones del 2016 no hubiese sido Javier Corral y que el candidato del PRI, Enrique Serrano, hubiese triunfado y que, por tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera el magistrado Gabriel Sepúlveda (militante del PRI y amigo de Serrano y de César Duarte); que el Auditor Superior del Estado fuese, todavía, Jesús Manuel Esparza, también militante del PRI y amigo del ex gobernador Duarte, y de Serrano; que la Secretaria de la Función Pública fuese, otra vez, Liz Aguilera, también priista y amiga de Serrano, o Karina Velázquez, la ex presidenta del PRI estatal; que el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fuese un destacado priista y que en el Ichitaip hubiesen nombrado a otro priista en la presidencia.

Más aún, que a nombre del Congreso, a la instalación del Comité Coordinador del SEA hubiese acudido una diputada del PRI y que, a su vez, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del Congreso fuese otro priista y que todos ellos hubiesen realizado la instalación de ese Comité Coordinador del SEA (CC-SEA), integrado por ¡Puros militantes priistas o personas muy cercanas al PRI o a los funcionarios estatales, en ese hipotético escenario en el que el triunfador hubiese sido el priista Enrique Serrano!

¿Se imaginan el escándalo, hasta internacional, que hubiesen armado los dirigentes y militantes del PAN?

¿Se imaginan que hubiesen hecho las organizaciones sociales derechohumanistas y las dedicadas a vigilar la transparencia del gobierno de Chihuahua?

El principal argumento para descalificar tal instalación hubiese sido que el total de sus integrantes eran del partido en el gobierno, o que mantenían estrechos lazos con el grupo gobernante.

Bueno, pues eso hizo del gobierno del amanecer el jueves anterior, aunque con una cantidad mayor de agravantes.

No son cualquier cosa.

El Presidente del TSJ está pendiendo de la resolución de la SCJN, si bien no se le conoce filia pública con el PAN al magistrado Julio César Jiménez Castro, es a quien el gobernador Corral impulsó para que ocupara esa posición; el Auditor Superior del Estado, Armando Valenzuela, es encargado del despacho y es cercano al mandatario estatal, además de que su posición está cuestionada; el presidente del CC-SEA es José Enríquez Tamez, miembro del PAN y que, de acuerdo con la normatividad nacional, no debiera ocupar esa posición, precisamente por su militancia; la Secretaria Estefany Olmos, que no es militante del PAN, pero es claramente de las confianzas del gobernador Corral.

La instalación del CC-SEA, la principal instancia que, de acuerdo con los ejes del gobierno del amanecer, sería la columna vertebral en el combate a la corrupción gubernamental lo hacen parcialmente, con casi la mitad de sus integrantes o ausentes, o sometidos a cuestionamientos judiciales y, peor, que sus nombramientos obedecen a su cercanía con el gobernante.

A esa escenográfica instalación, acudieron la diputada Blanca Gámez (PAN), en representación del Congreso del Estado y Jorge Soto (También del PAN) como presidente de la Comisión de Fiscalización.

Más aún, el CC-SEA no tiene asignado ni presupuesto, ni instalaciones; no posee empleados, ni funcionarios; no tiene una ley reglamentaria y aún no se aprueba por el Congreso del Estado la regulación del nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y, tampoco, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; por tanto, tampoco están nombrados sus titulares, que son parte fundamental del CC-SEA.

Si el Comité Coordinador del SEA tiene estos problemas ¿Cuál es la razón de la convocatoria para su instalación? ¿Acaso en la reinstalación de Rodolfo Leyva y sus tronantes posturas en contra del gobernador Corral?

Lo hemos dicho reiteradamente, el gobierno encabezado por Javier Corral tendría retos mayores, superiores a los que podrían haber encarado sus antecesores, pues emergía de un vasto rechazo a un gobierno y a su partido por los innumerables y evidentes actos de corrupción.

Los antecedentes, en materia de desarrollo democrático, hacían esperar mejores resultados de una administración dirigida por Corral.

Más aún, estaba obligado a mantener, a costa de cualquier precio, la congruencia; que sus dichos fuesen respaldados por las acciones de gobierno.

La frustrada instalación del CC-SEA es otro ejemplo emblemático de lo contrario ¿Cómo pretender, mediante un acto escenográfico, acompañados solo de los suyos, en medio de una crisis institucional, instalar el órgano operativo de la ofensiva anticorrupción en Chihuahua, si nace cojo, ciego, pobre y cuestionado?

No son exageraciones, nace cojo pues aún le faltan dos titulares, fundamentales para su funcionamiento, el fiscal anticorrupción -¡Nomás!- y el titular del tribunal encargado de vigilar todo lo referente a lo administrativo; ciego, pues aún no tiene regulaciones; pobre pues no tiene presupuesto asignado y cuestionado por la SCJN.

¿Pues qué les pasa?

Lo que menos necesita la sociedad chihuahuense es una política gubernamental de simulación, en momentos en que la contienda presidencial -de la que no se escapan los protagonistas locales- evidencia lo peor de la clase política y en la que el factor común es ese, la simulación.

¿Cómo integrar un organismo para combatir la corrupción gubernamental con puros allegados al grupo gobernante?

¿En qué momento perdieron la brújula ciudadanizadora? ¿O nunca la tuvieron realmente?

¡Híjole!

¿Porqué tanta premura en la instalación de un organismo, supuestamente emblemático del quehacer del gobierno del amanecer?

¿Porqué hacerlo cuando están en una crisis de legitimidad y, peor aún, de legalidad, puesta en entredicho, no por el Comisionado Leyva, sino por un juez federal que, además, ha ordenado que no recurran al mismo procedimiento, en caso de reinstalar a Leyva?

Es decir, que no podrán hacer como que respetan su resolución y luego, como lo hicieron los diputados duartistas con dos de las comisionadas del actual Ichitaip, volverlas a nombrar, pues, recalca, no tienen facultades para hacerlo, es decir, no pueden destituir a su presidente, fondo del asunto que ahora tiene en vilo al órgano garante de la transparencia en Chihuahua y de cuya actuación está tan pendiente el gobierno que le prometió a sus gobernados ser el más transparente del país, pero que ahora efectúa una y mil maniobras para mantener bajo su control a todas las instancias y dependencias encargadas ¡De vigilarlo!

Urge una política de distensión y de reflexión en el grupo gobernante; contra su percepción crece la desilusión popular hacia su quehacer, y el rechazo a su concepción autoritaria del ejercicio del poder es, por momentos, avasallante.

Aún están a tiempo de recuperar el rumbo perdido. No tienen mucho.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto

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Opinión

La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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hace 7 días

Nov 28, 2025

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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