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México

Robo de cabello llega a Guerrero; Fiscalía ya investiga ataque a secundaria

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Este martes pasado, un grupo de cuatro sujetos armados irrumpió en la telesecundaria Cuitláhuac de la colonia La Frontera del puerto de Acapulco para cortarle el cabello a 20 estudiantes y dos maestras.

«Teníamos tanto miedo que creíamos que nos iban a cortar la cabeza, pero sólo nos cortaron el pelo y pues no sabíamos qué hacer, nada más nos mirábamos unos a otros», narró una de las alumnas a un reportero del diario La Plaza.

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De acuerdo con los testigos, los hombres obligaron a las alumnas a arrodillarse y atarse el cabello, después con tijeras, machetes y ganchos filosos comenzaron a cortárselo.

Los hombres también asaltaron la escuela primaria Cuitláhuac y la preparatoria Armando Chavarría; sin embargo, en estos sólo asaltaron sin llegar a robar el cabello a las alumnas.

Esta es la segunda ocasión que este plantel educativo presenta actos de violencia pues en 2017 fueron víctimas de actos vandálicos.

Por su parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que la Fiscalía estatal ya comenzó la indagatoria para dar con los responsables de esta agresión aunque, dijo, no tiene como línea de investigación el robo de cabello.

«Algunos medios han sacado esa versión del móvil de la agresión, pero no se ha establecido nada, lo que sí es cierto es de que condenamos este hecho indignante cometido contra los estudiantes», manifestó.

Este jueves, alrededor de 200 escuelas se unieron a la suspensión de clases a raíz del aumento de violencia en las escuelas de la entidad lo cual afectó a más de 20 mil alumnos.

ANTECEDENTES
Jalisco vivió una ola de robo de cabello similar a ésta durante 2014. La entidad reportó un aumento del delito de robo de cabello contra sus ciudadanas, sobre todo, en Guadalajara y su Zona Metropolitana.

La desintegración de los cárteles del narcotráfico generó células que diversificaron los delitos como el secuestro, asalto, extorsión, cobro de piso y robo, entre ellos, el de cabello.

La Fiscalía informó en aquel año que los delincuentes vigilaban a sus víctimas por días para después atacarlas y cortarles el cabello. Posteriormente, éstos vendían el cabello a 100 pesos o más en algunas estéticas de la capital jaliscience.

DELITO PATRIMONIAL
En esta situación, el robo de cabello se tipificó como un delito patrimonial o contra el patrimonio, es decir, a aquellos que consideran al robo, el fraude y el abuso de confianza.

Las penas para este delito dependerá de la entidad en la que se cometa, en el Código Penal del estado de Guerrero se puntualiza que la pena para este robo puede ser de «uno a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado».

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«De dos a cuatro años de prisión y de cien a doscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de cien pero no de quinientas veces el salario mínimo», agrega.

El costo del cabello puede variar dependiendo su uso, aquel que no está tratado y se encuentra en buenas condiciones puede alcanzar hasta 12 mil pesos en internet.

Éste también es un delito común en países como Venezuela y la India donde los delincuentes venden el cabello a traficantes para crear pelucas que después venden en países como Estados Unidos, la Unión Europea o China.

Con información de Reforma y La Silla Rota

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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