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Fiscal de California demanda a Trump por cuestionario del Censo 2020

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El fiscal de California, Xavier Becerra, demandó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por agregar en el cuestionario del Censo 2020 una pregunta sobre el estatus de ciudadanía que considera es «inconstitucional» y que puede intimidar a los inmigrantes a no responder la encuesta.

Becerra presentó la demanda tan pronto el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó el cambio, este lunes a altas horas de la noche.
Becerra y una coalición de una veintena de fiscales estatales habían advertido en febrero pasado al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que «una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de Estados Unidos y los estatutos federales».

«Agregar una pregunta de ciudadanía en esta fecha tardía socavaría fatalmente precisión del Censo 2020, perjudicando a los estados y a nuestros residentes», expresaron en la misiva.

De igual forma, senadores demócratas consideraron la semana pasada que ello reduciría «la participación entre los hogares inmigrantes» en el censo previsto para el 2020.

En ese sentido presentaron la semana pasada la «Ley de Todas las Personas Cuentan de 2018» en la Cámara Alta de Estados Unidos para evitarlo.

«El censo federal no es una herramienta para satisfacer a la base electoral del presidente», enfatizó en ese momento el senador Bob Menéndez.

Becerra y el secretario de Estado estatal Alex Padilla tienen previsto anunciar este martes más detalles de la decisión.

El fiscal de California criticó los argumentos de la Oficina del Censo de que la nueva adición «ayudaría a hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto».

Becerra y el secretario estatal Alex Padilla publicaron hoy un artículo de opinión en el diario San Francisco Chronicle destacando cuán alto es lo que está en juego para California.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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