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México

460 clínicas irregulares albergan a médicos ‘patito’

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En México, 12% de las tres mil 973 clínicas de cirugía estética verificadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); es decir, 460 centros médicos son irregulares.

La principal falla que presentan dichas clínicas es que quienes allí laboran no son médicos certificados. Se ha comprobado que las personas carecen de estudios de validez oficial y cédula profesional. También se han registrado malas condiciones sanitarias y la falta de autorización para prestar dichos servicios.

Antonio Fuente del Campo, coordinador del subcomité de enseñanza de cirugía plástica de la UNAM, explica que la Cofepris realiza las verificaciones a partir de denuncias que interpone la ciudadanía.

“La Cofepris podría hacer más si se aprobara la iniciativa del Senado: una reforma a la Ley General de Salud que busca especificar quién y bajo qué condiciones puede o no practicar la cirugía plástica o estética”, asegura Antonio Fuente en entrevista con Publimetro.

Aunque la minuta no fue votada en el Pleno del Senado en la reciente legislatura, el experto de la UNAM explica que con dicha reforma podría minimizarse la cantidad de clínicas ilegales de cirugía estética.

México ocupa el quinto sitio a nivel mundial en la demanda de este tipo de intervenciones. Datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética Plástica indican que, del total de prácticas quirúrgicas de este tipo, en el país se realizan 3.9%; es decir, 923 mil 243.

A decir de Sthepanía Torres Pastrana, cirujana plástica especialista de Doctoralia, un procedimiento estético puede costar 50% menos en México que en Estados Unidos o Europa, “por el simple hecho que los médicos de aquí no cobramos en dólares”.

“Aunque en el mundo resulta más accesible la realización de una cirugía estética, los mexicanos aún tienden a regatear los precios”, afirma Sthepanía.

“Los pacientes llaman a los consultorios preguntando por precios. Antes de colgar recurren a la expresión ‘es que estoy cotizando’. Pero qué cotizan, ¿su seguridad?, ¿su vida?”, lamenta la experta de Doctoralia.

Los pacientes que busquen someterse a una cirugía plástica deberían preguntar por los certificados médicos que aprueben la especialización y profesionalismo de los médicos, no el precio, ya que este puede variar, expresan ambos especialistas.

Clínicas ilegales de cirugía estética

LO QUE MÁS SE OPERAN LOS MEXICANOS
De acuerdo con el reporte de la Cofepris, la mayoría de intervenciones estéticas a las que se someten los mexicanos en las clínicas clandestinas son: la remodelación y reafirmación de abdomen, rejuvenecimiento de párpados, resección de piel y en el caso de las mujeres, el aumento de busto.

Antonio Fuente, experto de la UNAM, explica que el tipo de intervención y su precio radica en la edad del paciente.

“Los jóvenes de 30 años o menos recurren a este tipo de servicios por cuestiones meramente estéticas; por ejemplo, si su nariz o mentón no les gusta. En el caso de las personas mayores de 40 años buscan prácticas de rejuvenecimiento”, asegura Fuente del Campo.

“No podemos cobrarle lo mismo a una jovencita que quiere una nariz más respingada que una mujer adulta que quiere, además, quitarse arrugas o realzar sus párpados”, finaliza el especialista.

Publimetro

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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