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Espero que haya reencauzamiento del caso Gutiérrez: Javier Corral

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La decisión del Consejo de la Judicatura Federal, de trasladar al estado de Chiapas al juez federal Gerardo Moreno García, puede ser una señal de reencauzamiento del proceso judicial que se lleva sobre el caso del exsenador Alejandro Gutiérrez y dos exfuncionarios de la pasada administración estatal, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.

“Me encantaría, me gustaría realmente leerlo como un signo positivo”, precisó el mandatario estatal en entrevista radiofónica con el periodista José Cárdenas.

Agregó que esto también podría abrir la posibilidad de un reencauzamiento de la relación que hay entre el Poder Judicial Federal y el Estado de Chihuahua, tanto como con el Ejecutivo, como con el Poder Judicial estatal, “así lo interpreto y así me gustaría expresarlo. Sin embargo vamos a ver de qué se trata en el fondo esta decisión”.

Corral descartó que se haya declarado en “rebelión Judicial”, por el hecho de que Alejandro Gutiérrez continúe preso en una cárcel estatal cuando es reclamado por un juzgado federal de la Ciudad de México.

“Lo que hacemos es, oponernos mediante los cauces legales, a decisiones judiciales que consideramos que violentan la soberanía de Chihuahua y que han venido trastocando no solamente el proceso que acá se libra en torno de la Operación Justicia para Chihuahua, sino que también con distintas acciones que se han tomado en el caso del juez federal Gerardo Moreno García, están dándole un revés muy delicado a los avances del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, expresó.

Todo, dijo el gobernador, con la intención por parte del Gobierno de la República, de brindar protección e impunidad a Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos, que mediante empresas fantasmas se triangularon y fueron a parar a las campañas políticas, esquema que se repitió en varios estados del país, pero solo en Chihuahua ha sido investigado.

El mandatario estatal explicó que el expediente que lleva la investigación del caso en mención, ya está en poder de la Federación, luego de que el Décimo Tribunal Colegiado le adjudicó la competencia, no así los imputados, toda vez que nunca giró orden alguna para su traslado material, ya que varios jueces de Chihuahua han reclamado que deben estar a su disposición, por la inmediatez y porque la ley los asiste.

“Lo que nosotros hemos señalado es, ya se resolvió el conflicto competencial, se llevaron el caso en términos de materia, pero no de imputados”, explicó.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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