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De 500 millones para la Cruzada contra el Hambre de Peña, 386 se fueron en presumir “sus logros”

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Diseñada para abatir la miseria en algunos municipios de México, la Cruzada Nacional contra el Hambre generó un gasto de casi 500 millones de pesos entre 2013 y 2015. Pero el 80 por ciento de ese dinero se concentró en la difusión de los supuestos logros del programa, mientras que la apremiante hambruna en las comunidades de México no mostró descensos importantes.

En ese periodo, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –gestora del programa– estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, se firmaron 92 contratos por 386 millones 701 mil 401 pesos con 31 centavos para difundir “la nueva política social” impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en televisión, radio, periódicos, uniformes y playeras. De este conjunto de convenios, 89 se entablaron con medios informativos. Otros dos fueron para adquirir uniformes con “la nueva imagen institucional” de la cruzada. Uno más fue para comprar playeras con la insignia del programa.

Para los medios informativos fueron 272 millones 466 mil 628 pesos. A través de spots se difundieron testimonios que daban cuenta de una supuesta bondad de la Cruzada. Por ejemplo, doña Josefina Medina Torres, de Morelos, habló así ante una cámara de televisión, en 2015: “Muy agradecida estoy porque seguimos adelante. Estoy con el señor Presidente Peña Nieto a través de mi pueblo, mando todo mi agradecimiento porque nos está beneficiando con las obras de nuestra ayuda, de nuestro apoyo a la tercera edad, y a las obras de la comunidad, así es que le mando mis más felicitaciones al Presidente de la República”.

El Presidente Enrique Peña Nieto, bastón de mando en mano, dijo que los niños y jóvenes que recibirían apoyos de la Cruzada sentirían en carne propia los beneficios, porque tendrían una mejor alimentación y vivienda, y sus padres acceso a proyectos productivos para mejorar su calidad de vida. Foto: Presidencia de la República

El gasto en publicidad oficial que generó la Cruzada Nacional contra el Hambre benefició sobre todo a Televisa. El consorcio, a cuya Dirección General renunció Emilio Azcárraga Jean el 25 de octubre de 2017, obtuvo por dos contratos, 142 millones 691 mil 247 pesos. De mayor a menor, el segundo con más dinero fue Estudios Azteca, subsidiaria de TV Azteca, con 35 millones 988 mil 952 pesos.

Lo anterior resultó de la revisión de los contratos publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia por la Sedesol en cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar del Gobierno de Enrique Peña Nieto para paliar la pobreza extrema, anunciada en Las Margaritas, Chiapas, el 21 de enero de 2013. La búsqueda arrojó 98 contratos, un universo en el que predomina el concepto de “difusión”.

Hubo otros conceptos en los que se gastó; pero fueron los menos. Apenas nueve convenios por 93 millones de pesos en adquisición de cinco mil sistemas potabilizadores de agua, 14 mil bebidas para congelar (bolis), aplicación en campo de cuestionarios dirigidos a presidentes municipales, servicio de alimentos para 400 personas, revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema, servicio de impresión de material informativo y arrendamiento de vehículos.

De ese grupo de contratos, el mayor fue para la Universidad Tecnológica de Tulancingo para la revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema por 12 millones 528 mil pesos.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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