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Policiaca

Hallan 11 cuerpos con signos de tortura en Ciudad Juárez

Un grupo de 11 personas fue hallado sin vida el viernes en una vivienda cercana a la frontera de México y Estados Unidos, a pocos días de que el próximo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, visite el lugar para una serie de foros que buscan la pacificación del país.

Los cadáveres, nueve hombres y dos mujeres, estaban amarrados de pies y manos en el interior de una vivienda en Ciudad Juárez, a unos 13 kilómetros de la frontera estadounidense, de acuerdo al testigo.

Ciudad Juárez, uno de los principales centros industriales del país, fue por muchos años una de las zonas más violentas, incluso comparada con países en guerra, donde grupos criminales se disputaban las rutas para el tráfico de drogas y otros delitos.
La ciudad fronteriza ha mejorado sus índices delictivos, pero aún sigue siendo peligrosa por la presencia de cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada.

López Obrador iniciará el martes en Ciudad Juárez una serie de foros para pacificar al país, a los que asistirán víctimas de delitos, representantes sociales, autoridades, académicos y religiosos.
AMLO, quien logró el triunfo el 1 de julio con el compromiso de acabar con la enquistada corrupción en el país, también ha prometido bajar los niveles de criminalidad, que en los últimos años han cobrado la vida de decenas de miles de personas.

Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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