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Lula será registrado a la presidencia de Brasil pese a estar en prisión

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El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será registrado este miércoles como candidato para las presidenciales de este año, pese a que enfrenta una sentencia de 12 años de cárcel por corrupción y varios procesos vinculados a sobornos.

Miembros destacados del Partido de los Trabajadores de Lula están organizando una marcha en Brasilia para registrar la candidatura ante las autoridades electorales, a sólo horas de que venza el plazo límite, dijeron funcionarios del partido.

A comienzos de mes, el PT nominó al político como su candidato para las presidenciales de octubre, pero se prevé que el tribunal electoral lo excluya porque la legislación del país margina a candidatos cuya condena se haya ratificado en una apelación, que es la situación de Lula.
El PT echará mano de todos los recursos disponibles para retrasar cualquier decisión final sobre el registro de Lula, y decir que él es su único candidato. Fuentes dijeron que el exaalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, tomaría el lugar de Lula en los comicios si su inscripción no tiene éxito.

Lula gobernó Brasil durante dos períodos entre 2003 y 2011 y dejó el cargo con un índice de aprobación récord del 87 por ciento gracias a una economía floreciente y programas sociales que sacaron a millones de brasileños de la pobreza.

Pero su popularidad se vio afectada por acusaciones de corrupción y escándalos en los que se vio implicado su partido. El PT fue dejó el poder en 2016 cuando se destituyó a la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, tras acusaciones de violar las leyes de presupuesto del país.

Aún así, las encuestas muestran que cerca de un tercio de los brasileños votaría por Lula si se le permite competir, casi el doble de su rival más cercano, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, y muchos de sus seguidores votarán por quien lo reemplace en la carrera.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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