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Gobierno de Chile a favor de llevar el caso de Nicolás Maduro a la Corte Penal

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El Gobierno de Chile se mostró hoy a favor de llevar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en conjunto con otros países para que ese organismo investigue las violaciones a los derechos humanos que sufre ese país.

«La idea es que seamos un conjunto de países los que presentemos este tema ante la Corte Penal Internacional para que investigue los casos de violaciones a los derechos humanos», precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero en declaraciones a la radio local Cooperativa.

«El tema, en verdad, está siendo conversado desde hace cierto tiempo con otros países como Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá», destacó el jefe de la diplomacia chilena.

El canciller de la nación austral recordó que «Chile fue el primer país de la región en respaldar que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un informe de un grupo de expertos ante la Corte Penal Internacional».

Ampuero aseguró que el presidente Sebastián Piñera envió en su momento una carta muy clara al respecto al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

«La situación en Venezuela no ha mejorado, por el contrario, sigue empeorando», remarcó.

En esta misma línea, el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo este lunes que, probablemente con otros países suramericanos, pedirá a la CPI que investigue presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el Gobierno de Maduro.

«Es cierto. Está en proceso. A mi no me cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general», señaló Macri en una entrevista emitida en la noche de este domingo por la cadena estadounidense CNN al ser consultado sobre si acudirá a la Corte Penal Internacional.

El mandatario argentino señaló que la solicitud se hará «en semanas» y que probablemente lo haga junto a Colombia, Chile y Paraguay.

Sostuvo que en la región «cada vez hay más consensos de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos».

Con todo, reconoció que las medidas adoptadas hasta ahora por diversos países latinoamericanos respecto a Venezuela han tenido pocos efectos.

Por otra parte, dejo ver sus dudas respecto a la veracidad del supuesto atentado contra Maduro del pasado día 4.

«A la luz de cómo se comportó después, a quiénes allanó y a quiénes atropelló nuevamente de entre la oposición, a (Julio) Borges y a (María) Corina (Machado), demuestra que haya sido poco probable que el atentado haya sido en serio», señaló Macri.

La CPI, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

La CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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