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PT propone desaparecer Afores y regresar a un sistema de pensiones manejado por el Estado

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La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presentará la siguiente semana una iniciativa de ley con la que busca que sea el Estado, y no las Afores, quien administre el ahorro para el retiro de los trabajadores a través de una institución financiera pública.

«Para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere terminar con el sistema de cuentas individuales de capitalización, y que el Estado regrese a un sistema de pensiones único, donde una institución financiera pública administre todos los fondos de pensión», señala el documento.

“La administración de las pensiones se hará a través de fondos financieros controlados por el Estado, mediante un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y recursos propios”, se agrega en el artículo 14 de la iniciativa.

«La solución no pasa por aumentar la edad para el retiro, ello implica mayor precariedad para los trabajadores, ni por aumentar el porcentaje de recursos que se canaliza al mercado de capitales internacionales, dada la alta rentabilidad que ofrecen. Cuando estos mercados crecen, las que ganan son las administradoras de los fondos de pensión, pero no los trabajadores; y cuando caen estos mercados, se evaporan los recursos y pierden los trabajadores», detalla el texto.

En contraste, indica que se privilegiará la inversión en la banca de desarrollo, las empresas productivas del Estados, como Pemex y CFE, y, en segundo término, en la deuda del gobierno federal.

“Los fondos de pensiones deberán ser invertidos en actividades que propicien el crecimiento económico nacional, minimicen los riesgos financieros y garantice el retorno de la inversión con los mejores rendimientos posible”.

Actualmente, son 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) las encargadas de manejar los recursos de los trabajadores. XXI Banorte, Citibanamex y Sura son las tres principales por monto de recursos registrados.

Sobre el tipo de inversiones que realizan, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) la encargada de establecer el régimen de inversión de las Afores.

Actualmente, los instrumentos de deuda gubernamental son los que cuentan con una mayor ponderación en los portafolios de las Afores, pero también tienen inversiones en deuda internacional, deuda privada local, acciones, fibras y estructurados, entre otros.

Otro cambio relevante que plantea la iniciativa son los montos de las aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores, pues ahora sumarían el 15 por ciento del salario base de los trabajadores.

Actualmente, la aportación tripartita a las cuentas individuales es de 6.5 por ciento del salario, que proviene en 5.15 puntos porcentuales del patrón, 1.125 del trabajador y 0.225 del estado.

En el nuevo esquema, se busca que el patrón y el trabajador aporten por igual 6.0 por ciento del salario y el Estado sume otro 3.0 por ciento.

Como parte de la argumentación, el grupo parlamentario del PT explica que «actualmente los altos rendimientos no se traducen en mejores pensiones para los jubilados, sino en mayores ingresos para los administradores de dichos fondos».

Esto, afirma, recrudece la desigualdad del ingreso y los problemas de los fondos de pensión, pues continúa el desempleo, el crecimiento de la economía informal y los bajos salarios.

«Todo lo cual atenta contra el número de cotizantes del sistema de pensiones, así como contra el valor de lo cotizado, el cual, a su vez, es mermado por las altas comisiones que cobran las Afore y por el margen de ganancia (que no transfieren al trabajador) que se obtienen de la inversión de dichos recursos. Todo lo anterior impide que se cumpla el objetivo de garantizar una pensión digna para los trabajadores a la hora de su retiro laboral».

Por su parte, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que cualquier diputado tiene derecho a presentar iniciativas, pero que no se contempla un cambio al sistema de Afores ni de pensiones.

El Partido del Trabajo asegura que el sistema de pensiones enfrenta un problema de niveles de cotización, ya que un alto porcentaje de asegurados no logra cubrir los períodos mínimos de cotización exigibles para obtener una pensión, debido a que quedan desempleados antes.

En el texto señala que en la década de los 90 se decidió migrar hacia las Afore porque generaría altos rendimientos para los trabajadores, «sin embargo, con el nuevo sistema, las pensiones para el retiro de los jubilados dependen de 1) las aportaciones; 2) el salario y su crecimiento; 3) los rendimientos de las inversiones; 4) la edad a la fecha de la pensión; y 5) las comisiones cobradas, lo cual, dadas las condiciones de bajos salarios y altas tasas de informalidad, los coloca en una situación de alta vulnerabilidad».

El Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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