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Política

Promulga Calderón ley antilavado

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El presidente Felipe Calderón promulgó este martes la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que permite la creación de una unidad especializada para la persecución de estos delitos y disposiciones permanentes para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas “vulnerables e inusuales”.

También dota a las instituciones hacendarias y de procuración de justicia de mayores facultades para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.

La ley crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, y se coordinará con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

“Hago votos porque la promulgación de esta nueva ley sea un activo más del estado”, dijo el mandatario.

De acuerdo con la nueva legislación, los funcionarios responsables de la aplicación del sistema de identificación y seguimiento serán sometidos a controles de confianza para garantizar su profesionalismo y la honestidad.

Además, fija límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de servicios bienes, muebles e inmuebles y a partir de ciertos umbrales de recursos.

Las autoridades también podrán vigilar los juegos con apuesta, concursos o sorteos; la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o crédito y de cheques de viajero, así como el otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía.

Entre otras medidas, también se vigilará la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres; además de joyas, metales preciosos, obras de arte, blindaje de vehículos, servicios de traslado o custodia de dinero o valores y hasta la recepción de donativos.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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