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Política

Promulga Calderón ley antilavado

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El presidente Felipe Calderón promulgó este martes la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que permite la creación de una unidad especializada para la persecución de estos delitos y disposiciones permanentes para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas “vulnerables e inusuales”.

También dota a las instituciones hacendarias y de procuración de justicia de mayores facultades para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.

La ley crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, y se coordinará con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

“Hago votos porque la promulgación de esta nueva ley sea un activo más del estado”, dijo el mandatario.

De acuerdo con la nueva legislación, los funcionarios responsables de la aplicación del sistema de identificación y seguimiento serán sometidos a controles de confianza para garantizar su profesionalismo y la honestidad.

Además, fija límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de servicios bienes, muebles e inmuebles y a partir de ciertos umbrales de recursos.

Las autoridades también podrán vigilar los juegos con apuesta, concursos o sorteos; la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o crédito y de cheques de viajero, así como el otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía.

Entre otras medidas, también se vigilará la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres; además de joyas, metales preciosos, obras de arte, blindaje de vehículos, servicios de traslado o custodia de dinero o valores y hasta la recepción de donativos.

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Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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